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El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, salió en defensa de la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y dijo que será una prioridad para los legisladores de la 4T; adelantó que será aprobada en el mes de febrero.
Mier Velazco dijo que quienes lo deseen serán bienvenidos a la discusión de esta reforma, la cual será debatida abiertamente y de frente a la nación, porque está de por medio “el rescate de una empresa tan importante para nuestro país como es la Comisión Federal de Electricidad [CFE]”.
“Lo que nosotros queremos no es atentar contra la inversión, [sino] simplemente intervenir en esta reforma (…) y lo vamos a hacer en apego a la ley. Es falso que en los transitorios estén atentando contra la inversión. Es simplemente ajustar esto a condiciones claras, equitativas, que redunden en beneficio de los consumidores y que no atente contra el patrimonio en condiciones injustas de competencia”, aseveró.
De manera paralela, el PT también respaldó la iniciativa y apuntó que la reforma energética aprobada en el periodo neoliberal sólo sirvió a intereses particulares y causó un gran daño al patrimonio de los mexicanos.
“La reforma energética impulsada a través del Pacto por México no sólo debilitó a las dos empresas, Pemex y CFE, que históricamente han sido fundamentales para el desarrollo de nuestro país, sino también golpeó el bolsillo de millones de mexicanos que se vieron afectados por el aumento radical de los combustibles”, dijo su líder Alberto Anaya.
Sobre esto, Mier Velazco manifestó que es necesaria esta iniciativa, ya que en la pasada reforma energética se establecieron condiciones desventajosas que atentan incluso contra el mercado nacional. Asimismo, comentó que la modificación de 2013 fue hecha para exterminar a la CFE y privilegiar a entes privados.
“Hay generadoras de energía del Estado mexicano, como son las hidroeléctricas o nucleoeléctricas, que en la propia ley fueron consideradas como energías limpias; sin embargo, se establece que no son renovables, lo cual les impide tener certificados de energía limpia, mismos que deben ser pagados por ley por parte de la CFE, pero como las plantas están detenidas, entonces tiene que pagarles a particulares.
“Esto es un atentado no contra un gobierno, sino contra los mexicanos. Hubo una promesa de que esto iba a provocar entradas millonarias para la generación de empleos, reducir los costos por el consumo de energía eléctrica a particulares, industriales y eso no sucedió en la práctica, no ha pasado absolutamente nada”, abundó.
El PRD pidió que la reforma presidencial se lleve a parlamento abierto y subrayó que este proyecto abre el espacio para controversias constitucionales, alegatos de intentos de aplicación retroactiva de la ley y demandas de arbitraje internacional.
