El miércoles pasado, EL UNIVERSAL publicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encabezada por Mara Gómez desde el 10 de diciembre pasado, había incumplido con varios amparos, lo que derivó en otros tantos expedientes de inejecución de sentencia y multas.
En una serie de grabaciones filtradas se escuchaba a Gómez Pérez decir que “todo mundo cree” que la CEAV es “la Lotería Nacional” y que “los amparos perdidos son una bomba de tiempo” pero ya estaba yendo, “juez por juez”, para “explicarles cómo está la situación”. Además, diversas víctimas y organizaciones de la sociedad civil aseguraban que la CEAV vive, desde su llegada, una situación de parálisis institucional que repercutía en las víctimas.
En las grabaciones se le escucha a usted hablar de cierta manera de las víctimas. ¿Por qué decidió expresarse así?
—Sí hay algunas personas, unas de ellas víctimas, no muchas, que han encontrado un negocio en la institución y eso hay que cambiarlo. No sé cuántas víctimas son, pero son pocas. Aunque hay algunas que sí han pensado eso. Quienes conocen la CEAV creen que es opaca, que no funciona y es una caja de dinero interminable. Como una lotería. A eso me refería, a esas personas. Pero no es ninguna de ellas. En realidad, contra lo que estamos luchando es contra un pequeño grupo de abogados que han encontrado en el dinero que debe ser de las víctimas una mina de oro.
Usted habla de que este grupo se beneficia de la CEAV y se aprovecha de las víctimas. ¿Podría explicarnos cómo funciona este esquema?
—A las víctimas se les acerca uno de esos abogados privados, que tienen sus despachos y que algunos hasta han trabajado en la CEAV, y comienzan a decirles que tienen derecho a una reparación integral, y que es de muchos millones, 10, 15 o 20. Las convencen de demandar a la CEAV en juicios de amparo para solicitar esas cantidades monumentales de dinero, y de ese recurso, ellos se quedan entre 40% y 60%.
¿Cuántos abogados forman parte del grupo?
—Me dicen, hasta donde tengo datos, que no son ni 10. Los estamos detectando. Ellos lo saben y son los que tienen más interés en que la comisión no cambie.
Según sus datos, la CEAV enfrenta 459 amparos, de los que 323 están pendientes de cumplimiento. ¿Cuántos de estos están dentro de este grupo de abogados?
—Ellos son los que llevan prácticamente todos los amparos, la gran mayoría está dentro de este grupo Hay uno de ellos que lleva más de 50, otro 80... Estamos sacando la información de los expedientes, pero los abogados a veces usan a subalternos para que firmen los casos y es más difícil de detectar.
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¿Están planteando algún tipo de solución o de cortapisa contra este grupo de abogados?
—Lo que estamos haciendo es echar a andar un nuevo modelo de atención integral a víctimas. Lo que vamos a hacer es atender a todos los afectados como se debió hacer desde el principio, trabajando temas como salud, educación, trabajo... con todas las capacidades del Estado mexicano, porque son víctimas del Estado mexicano. También vamos a impulsar la reparaciones colectivas y estamos creando estándares homologados, como una especie de baremo para las reparaciones con ayuda de instancias internacionales, para crear un sistema donde no haya víctimas de primera y víctimas de segunda.
¿Podría ponernos ejemplos de víctimas de primera y de segunda?
—En la CEAV, en lugar de darles una atención integral, esta se cambió por dinero y de manera desigual, sin criterios, de manera desorganizada. Se hizo un mecanismo en que hay casos de que por una víctima directa hay hasta 32 núcleos familiares que están recibiendo medidas de apoyo. A 10 mil pesos al mes por núcleo, son más de 300 mil pesos. Y a los otros se les da poco o no se les da nada. La mayor parte de las víctimas han usado bien el dinero, pero hay algunas, poquitas, que han hecho de la CEAV su rehén y han transformado todo en una cuestión económica. Otro dato, de un solo caso tenemos 82 amparos y los montos que piden de promedio son 15 millones. Si multiplicas 82 por 15 te da más de mil millones de pesos. No hay manera de que se pueda pagar eso.
Pero entonces, ¿cómo van a impedir que sigan demandándoles?
—Vamos a quitar los incentivos. ¿Para qué van a demandarnos si no hay dinero? Que no haya manera de que les demos ese incentivo. No es que vayamos a impedir el derecho de acceso a la justicia, es probable que siga habiendo juicios, pero no de esa magnitud ni de estos montos que no hay manera pública de pagarlos. Algunos dicen que habría que meter más dinero al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pero no es la solución. Hay médicos y siquiatras que dicen que una vez que las a víctimas se les empieza a dar mensualmente dinero, no hay manera de que se curen, ya que su cuerpo cambia y como tienen un incentivo para recibir dinero, ya no tienen un incentivo para curarse. Hay que quitar el dinero del centro de la atención victimal.
¿Cuál es el tamaño del fondo de la CEAV?
—Pequeño, comparado con el drama nacional. Por ley, recibe 0.014% del gasto programable del presupuesto federal. Tenemos 32 mil víctimas registradas, de las que 7 mil personas tienen medidas económicas. Yo recibí la CEAV con 220 millones de pesos. A mediados del mes pasado nos asignaron 430 millones. Eso son 650 millones de pesos. El año pasado, la institución gastó aproximadamente 935 millones de pesos. Es decir, lo que hay ahora no alcanza para cubrir lo del año pasado. Lo que estamos haciendo es reunirnos con los colectivos de víctimas y explicarles cómo está el fondo y cuál es el nuevo modelo que queremos implementar. También les explicamos que a las víctimas que llevan mucho tiempo recibiendo medidas, el apoyo debería ser por un periodo corto, ya vamos a ir cortándolas y sustituyendo por otras ayudas del Estado mexicano. Por ejemplo, trabajamos con las secretarías de Salud y Educación para apoyar a las víctimas.
¿Por qué prefiere usted pagar las multas y no cumplir los amparos?
—Yo tengo la obligación de defender el fondo de víctimas. De un solo caso tenemos 82 amparos y los montos que piden en promedio son 15 millones. Si multiplicas 82 por 15 te da más de mil millones de pesos. No hay manera de que se pueda pagar eso. Los amparos perdidos han llevado a que yo tenga incidencias de inejecución, dos proyectos de destitución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y varias multas. Tengo además seis auditorías abiertas.
¿Y cuando dice que va a ir a todos los tribunales, a hablar juez por juez, a la Corte para explicarles cómo está la situación?
—Como lo hacen mis contendientes, así lo hacen los abogados en cualquier país. Tengo este juicio, y vengo a litigarlo y ellos decidirán.
¿Hay amparos confirmados?
—Sí, pero eso no quiere decir que no haya forma de cambiarlo. Es cierto que el hecho de que haya muchas resistencias te pone el lazo en el cuello y lo hace más complicado, pero eso no quiere decir que no haya defensas, pero no puedo contarle por cuestiones de estrategia.
Varias organizaciones de la sociedad civil y víctimas denuncian que se están poniendo trámites burocráticos para no dar los recursos ya asignados en ayudas de vivienda y manutención, además dicen que la CEAV está en “parálisis institucional”.
—No, eso no es cierto. No hay parálisis institucional. Lo que hay son desajustes de una transformación completa. Algunas medidas se retrasan, otras van lentas. Sí puede haber desajustes, retrasos, pero que se acerquen a nosotros, a los que se encargan de la atención a víctimas. Con ellos pueden ver qué pasa con sus medidas, si tienen derecho a ellas o no, desde cuándo las tienen, si tienen niños... Sí puede ser que nos tardemos, pero lo vamos a solucionar. Vamos caso por caso. Y eso es mucho trabajo. Lo que queremos es cambiar el modelo y todo cambio siempre conlleva resistencias. Entiendo claramente que es lo que me tocó. Hay que aguantar. La CEAV es como un tren que va en marcha y que no se puede parar. Los juicios, los amparos, los abogados victimales que no funcionan... así va todo el rato. Entonces, quieres cambiar algo de la locomotora y le quitas la rueda, y se cae, pero sigue andando. Entonces la levantas, pero se vuelve a caer. Eso es ahora la comisión.
