Más Información
Una mujer ciega que fue víctima de robo a su tarjeta de crédito mediante compras por internet; una familia musulmana retenida por sospechas de terrorismo y un hombre con cáncer renal, a quien le han negado la aplicación de sus quimioterapias, tienen algo en común: recibieron ayuda de defensores públicos federales.
En México, no sólo los tribunales locales tienen a sus defensores públicos sino que el Poder Judicial de la Federación cuenta con 2 mil 200 abogados que dan atención gratuita a quienes tienen asuntos penales, civiles, fiscales, administrativos en tribunales federales de todo el país.
Estos abogados trabajan en el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y atienden a personas adul tas mayores, con discapacidad, jóvenes, indígenas y migrantes que por razones sociales y económicas carecen de recursos para contratar a un abogado particular.
El IFDP cuenta con delegaciones en casi todos los estados de la República, pues en este año instalará la única delegación faltante en Tlaxcala.
Ahí, los usuarios pueden acudir a pedir ayuda con los abogados federales y a través de la unidad de trabajo social, se analizará si el interesado cumple el criterio socioeconómico para recibir el servicio.
Fue así como María solicitó apoyo del IFDP en Colima luego de que fue víctima de robo a su tarjeta de crédito, pues cuando explicó al banco que debido a su condición de invidente no utiliza internet, la institución rechazó desconocer los cargos por 5 mil pesos más intereses y comisiones que triplicaron el monto de lo robado.
El instituto solicitó una verificación en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), porque el banco no buscó a María para avalar las compras antes de hacer los cargos.
La Condusef determinó que el banco no debía cobrarle los cargos, pues estaba acreditado que María no había hecho las compras.
A pesar de ello, el banco insistió en cobrar los cargos y María demandó civilmente con ayuda del IFDP.
Antes de que el juez dictara su sentencia, el banco canceló los cargos realizados a la tarjeta de María y anuló también el plástico, a través del cual la mujer había sido víctima de robo.
Una vez que el banco acreditó que dio de baja los datos de María del Buró de Crédito, ella decidió desistirse de la demanda presentada contra la institución financiera.
En agosto de 2019 Rasul, Sunam y sus cuatro hijos pequeños llegaron de Tayikistán a la Ciudad de México, donde agentes de migración les retiraron sus pasaportes y los mantuvieron detenidos nueve días en la terminal aérea.
Rasul fue interrogado sobre si había visitado Siria, Irak y Afganistán y le cuestionaron si era terrorista.
El 9 de septiembre siguiente fueron trasladados a la estación migratoria Las Agujas en la capital, donde los separaron y a pesar de su origen musulmán recibían comida con carne de puerco, alimento que por cuestiones religiosas no consumen.
Casi dos meses después y con violencia física y verbal, la familia fue tras- ladada a la estación migratoria de Puebla, donde el 13 de diciembre, una asesora jurídica del IFDP tomó el caso y los amparó contra la detención ilegal de la que habían sido víctimas.
Diez días después fueron liberados, pero los hijos tienen consecuencias psicológicas, ya que no se les brindó ropa para cambiarse, fueron separados de sus padres y maltratados.
El IFDP los asesora para que soliciten ser reconocidos como refugiados y se analiza si se demanda la reparación del daño.
Luis es un hombre de 69 años de edad que padece cáncer renal, vive en Colima y es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Como parte de su tratamiento se le programaron tres quimioterapias que, sin explicación, fueron suspendidas porque el director del Hospital General de zona número 1 no autorizó aplicarle un medicamento que necesitaba en sus terapias.
El 23 de enero pasado fue a la delegación del IFDP donde se le tramitó un amparo para exigir que se le aplicaran las quimioterapias.
Un juez ordenó darle la atención médica y continúa su tratamiento.
