Pese a que se modificó la estrategia de seguridad en este sexenio, las quejas contra las Fuerzas Armadas y la Policía Federal por presuntas violaciones a los derechos humanos se mantienen en niveles similares a 2018, último año de la administración del priista Enrique Peña Nieto.
De diciembre de 2018 a octubre de 2019 se registraron mil 41 expedientes de queja abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Alfonso Durazo Montaño.
Las quejas interpuestas en la CNDH se iniciaron por hechos como tortura, trato cruel e inhumano, desaparición forzada, detención arbitraria, retención ilegal e incluso privación de la vida.
Según un reporte obtenido a través de transparencia, en 2019 hay apenas 41 quejas menos que las registradas en el último año del gobierno de Peña Nieto.
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En los primeros 11 meses de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, el Ejército encabeza la lista de quejas, con 430; la mayoría están relacionadas con presuntos actos violatorios, como detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante, empleo arbitrario de la fuerza, tortura e intimidación.
La Policía Federal tiene 248 quejas; la Marina, 202; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 137, y la Guardia Nacional, 24. Estas últimas quejas están vinculadas al uso de la fuerza desproporcionada durante la detención, trato cruel, inhumano o degradante, empleo arbitrario de la fuerza y detenciones sin orden de aprehensión.
A pesar de que la CNDH recibió todas estas quejas, los expedientes deben ser analizados para saber cuántos de éstos tienen las condiciones para convertirse en una recomendación.
Expertos dividen opiniones
Javier Oliva Posada, especialista en Fuerzas Armadas, afirmó que el Ejército y la Marina han reforzado su capacitación en materia de respeto a los derechos humanos, lo que ha disminuido el número de quejas ante la CNDH en comparación con otros años, como 2011, en el que se registró el número más alto.
A su consideración, hace falta que la Presidencia de la República realice una campaña para que se conozca el trabajo de militares, marinos y la Guardia Nacional en materia de seguridad pública.
Sin embargo, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que en la tropa hay desánimo por la falta de claridad en la estrategia de seguridad y por hechos como la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en un operativo fallido en la capital de Sinaloa.
“El personal militar se siente vulnerado por las agresiones, vejaciones e insultos de los que ha sido objeto en diversos hechos, como en Michoacán y otras entidades”, expuso.
En caso contrario, José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo no sentirse sorprendido con la cifra de mil 41 quejas, ya que las Fuerzas Armadas siguen ocupándose de la seguridad pública del país e incluso realizan “tareas impropias”, como la vigilancia migratoria.
“Los elementos del Ejército y la Marina no han recibido una capacitación adecuada ni tienen la cultura de proteger a la población civil en un contexto de policía; ellos están acostumbrados a su formación castrense, y si esa cultura no cambia, seguramente su comportamiento va a ser de violaciones a derechos humanos”, sostuvo.
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Afirmó que la poca variación en el número de quejas en la CNDH responde al hecho de que “las Fuerzas Armadas están actuando en los mismos términos que en anteriores administraciones”.
Acerca de la Guardia Nacional, señaló que los reclamos por presuntas violaciones a derechos humanos podrían continuar, porque el órgano de seguridad está conformado por un porcentaje “altísimo” de elementos de la Defensa Nacional y la Semar.
Por su parte, César Gutiérrez Priego, experto en seguridad nacional y derecho militar, hizo énfasis en que no todas las quejas de la CNDH concluyen en una recomendación, por lo que estimó necesario dejar pasar más tiempo para conocer en qué medida se están violando los derechos humanos.
No obstante, en un balance del primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Gutiérrez Priego observó que las vulneraciones a la población por parte de las autoridades han disminuido en este 2019, debido a la nueva política de “abrazos y no balazos”.
“Hemos visto, por primera vez en la historia moderna de México, al menos lo que he vivido, personal militar retenido, sapeado, golpeado, utilizado como arma de cambio, y eso nos demuestra que la estrategia militar está fallando, y la orden del alto mando es no utilizar la violencia, salvo que sea totalmente necesario, e incluso cuando el personal de las Fuerzas Armadas ha visto su integridad física en peligro, no ha hecho uso de armamentos ni de violencia”.
Opinó que actualmente las Fuerzas Armadas no necesariamente son más respetuosas de los derechos humanos, sino que su acercamiento con las personas es distinto: “Simple y sencillamente, están utilizando protocolos de proximidad distintos. Ahorita que el personal militar tiene ese acercamiento con muchas de las comunidades, hemos visto que ha preferido no hacer uso de la fuerza o el armamento para no violentar o caer en los supuestos de violaciones a derechos humanos”.
El experto en seguridad nacional también encontró coherencia en la diferencia de recomendaciones entre la Sedena y la Guardia Nacional, que apenas tuvo 24, pues, a su parecer, el nuevo cuerpo de seguridad está trabajando en contextos urbanos y atendiendo delitos de bajo impacto, lo que le permite reservar el uso de la fuerza.
“Han tratado de cuidar mucho a la Guardia Nacional para que la gente le pueda tener confianza: no la han mandado a hacer los mismos operativos que el Ejército o la Marina, porque la podrían poner en gran riesgo y para que no sea acusada de ser violadora de derechos humanos”, indicó.
