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Especialistas en temas de transparencia alertaron que por lo menos en seis programas sociales del gobierno federal hay riesgo de que se cometan actos de corrupción porque sus padrones de beneficiarios son poco transparentes, no hay claridad en el proceso de entrega de recursos, no hay mecanismos de control ciudadano, no hay reportes periódicos sobre el gasto público, entre otras fallas.
Durante el foro “Programas sociales y riesgos de corrupción: un análisis del gasto”, expertos de Transparencia Mexicana , Fundar y otras organizaciones sociales advirtieron sobre la posibilidad de que haya casos de corrupción en Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro , Becas Benito Juárez para nivel Medio Superior, la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.
Al realizar un análisis de estos seis programas, las expertas encontraron que no hay claridad en sus padrones de beneficiarios ni en la forma en la que operan, no existen mecanismos para interponer quejas y hay opacidad en el uso de sus recursos, lo cual podría derivar en un mal uso del dinero público que se supone está destinado a reducir las brechas económicas entre los mexicanos.
Otra deficiencia tiene que ver con los Servidores de la Nación —las personas que promueven los programas sociales federales y registran a quienes podrían ser beneficiarios— porque no hay una claridad sobre su cadena de mando, así como de los resultados del Censo del Bienestar que ayudaron a conformar.
“Los riesgos de corrupción en todos los programas sociales de esta administración, o incluso de previas, suceden cuando no hay elementos de transparencia proactiva, de rendición de cuentas, de control, de fiscalización y de participación ciudadana”, dijo Paola Palacios, coordinadora del Programa y Asuntos Internacionales de Transparencia Mexicana.
Durante el foro se detalló que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un cuarto de las viviendas cuenta con una persona beneficiaria de los programas sociales. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Tabasco son los estados donde hay más personas que reciben apoyos económicos.
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Anaid García, integrante de Fundar, explicó que para evitar actos de corrupción en este sexenio el gobierno federal modificó el esquema de los programas sociales, a fin de que haya menos intermediarios en la entrega de recursos, pero esto no es suficiente para evitar que haya un mal uso de los recursos públicos.
“Este cambio de estructura operativa no logra en sí mismo eliminar los riesgos de corrupción, menos si se carece de esquemas de transparencia y rendición de cuentas en el diseño y la operación de los programas”, dijo Anaid García.
Integrantes de la Red de Empoderamiento de Personas con Discapacidad, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, GESOC Agencia para el Desarrollo y NOSC también alertaron sobre los riesgos que hay en la ejecución de los programas sociales.
kl
