La Alianza de Medios Mx publicará conjuntamente investigaciones sobre casos emblemáticos de atentados contra periodistas, entre otras actividades de difusión, prevención y capacitación del gremio
Hermosillo, Son.— En julio pasado se superaron los mil 800 días (más de 16 años) de que Alfredo Jiménez Mota fue desaparecido mientras laboraba como periodista en el diario El Imparcial de esta ciudad.
Hasta ahora, ninguna autoridad local o federal ha dado con su paradero, detenido a algún sospechoso o llevado ante la justicia a los responsables materiales o intelectuales del crimen.
El caso Jiménez Mota, quien investigaba el auge del crimen organizado en Sonora, implica extraoficialmente a funcionarios públicos. Con dos se reunió la noche de su desaparición.
Este caso se suma a los más de 150 de periodistas asesinados o desaparecidos desde 2000, lo que convierte a México en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, sólo superado por naciones en guerra civil. De ese número, menos de 10% ha sido esclarecido y castigado.
“A pesar del tiempo, ese sentimiento sigue siendo claro entre nosotros. Nos hace temer que puede volver a pasar. Lo mismo ocurre en las redacciones de medios de todo el país. Los ataques siguen y siguen”, dijo Lugo.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un expediente abierto, sin que se conozcan avances, tampoco entrega informes a la familia o a los representantes legales.
En contraste, testimonios recogidos por colegas de Jiménez Mota apuntan hacia la presunta complicidad de exfuncionarios públicos federales y locales y, como brazo ejecutor, al grupo criminal Los Salazar, ligado al Cártel de Sinaloa.
“El año pasado vinieron los de la FGR. Creo que pusieron a otra fiscal. Dijeron que estaban trabajando, retomando ¡22 líneas de investigación! No sabemos nada”, informó José Alfredo Jiménez, padre del periodista.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó ante la CIDH la demanda para exigir al Estado una respuesta al virtual cierre de las investigaciones.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, abordó este tema durante una conferencia en Palacio Nacional, el pasado 8 de abril.
“Hemos requerido información a la Fiscalía por la Libertad de Expresión. Nos ha señalado que se reserva la información por formar parte de una averiguación, esperemos que dé cuenta de avances en torno al caso”.
Encinas declinó hacer declaraciones para este reporte.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, dijo que la FGR les entregó una ficha muy general.
“Es un caso emblemático, pues [la cerrazón] se multiplica en otras investigaciones. Si no tenemos acceso al expediente, correríamos el riesgo de revictimizar a los familiares para que tengan que repetir todo lo que han dicho por años”. Es decir, empezar desde cero 16 años después.
Para este reportaje para la Alianza de Medios Mx se solicitó desde el pasado 15 de abril información sobre el estado que guarda el expediente de Jiménez Mota a la FGR, pero tampoco respondió, a pesar de que se venció el plazo legal para ello.
Tanto Gobernación como la Fiscalía han desoído la petición de la CIDH para que la familia tenga acceso a las investigaciones. De persistir la cerrazón, la comisión puede llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asentada en Costa Rica, para dar paso a un juicio que derive en una condena internacional sobre el Estado.
Quería ser reconocido
En abril de 2005, Alfredo tenía 25 años y se esforzaba en especializarse en investigaciones periodísticas sobre problemas de seguridad, incluido el narcotráfico, tema sobre el que poco se sabía ni se publicaba en los de Sonora.
Primero trabajó en Sinaloa y tiempo después se incorporó a El Imparcial, en Hermosillo, el principal periódico del estado.
Los últimos reportajes que publicó se basaron en informes de inteligencia de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que vinculaban a Los Salazar con el narco. En ese entonces, algunos de los integrantes de esa familia incluso aparecían en eventos sociales.
El domingo 2 de abril el periodista desapareció. Un día antes, una llamada telefónica a una compañera dejó un rastro: tenía una reunión con una de sus fuentes: Andrés Montoya García, subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora y ahora abogado litigante.
El entonces funcionario sólo declaró en dos ocasiones y aseguró que dejó al periodista en un supermercado y que no supo más de él. Dijo que Alfredo le comentó que tenía que ver a otro contacto, pero nadie lo confirmó.
El teléfono del periodista muestra que la última llamada que recibió, a las 23:04 horas del sábado, fue del entonces subdelegado de la PGR en Sonora, Raúl Fernando Rojas, quien, según compañeros de Jiménez, era una de sus principales fuentes de información o contacto.
Pese a ello, Rojas Galván no fue interrogado en las indagatorias. Luego dejó el estado. Existen registros de que desde hace varios años es agente del Ministerio Público en el Estado de México.
Duelo sin fin
José Alfredo, padre de Alfredo Jiménez, recordó que hace 16 años, después de enterarse de que había desaparecido su hijo, cuando presentó la denuncia le dijo a su esposa: “‘Va a ser un largo caminar para ti y para mí’, pero nunca imaginé que iba a ser sin final, una pena inacabable.
“Es una incertidumbre que te queda clavada toda la vida, no sabemos qué fue de él. Que te desaparezcan a un hijo es una llaga constante. A los que murieron se les llora, pero así es algo muy malo, uno lo cree con vida.
“Por eso estamos luchando, a pesar de las adversidades. Espero que estemos con vida cuando se resuelva”, dijo. Él tiene 67 años y su esposa, Esperanza, 72.
El caso no es el único en el que participaron Los Salazar. En 2017, 12 años después, la periodista Miroslava Breach fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El atentado fue atribuido a esa misma organización. También existen declaraciones ministeriales que involucran en el crimen a grupos políticos de la región.
“El Estado es responsable ante la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”, explica.
Ante la ausencia de justicia por la inacción del Estado en este caso, la única vía para impedir el olvido y frenar la impunidad ha sido la CIDH. El caso fue presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y aceptado en octubre de 2015, pues se reconoció que no es razonable el tiempo transcurrido sin que existan resultados.
Exigencias ante la CIDH
Tras el reclamo ante la CIDH y a fin de evitar el riesgo de una sentencia condenatoria por parte de la Corte Iberoamericana, el Estado, vía Gobernación, mostró apertura a la búsqueda de lo que en la normatividad se denomina “solución amistosa”.
La familia de Jiménez, con el acompañamiento de la SIP, ha expuesto varias exigencias para ello. “Estamos pidiendo que se reabra el expediente, que reanuden las investigaciones, con acceso para la familia y sus representantes legales (...) también reformas al marco legal en este campo, como mejoras en el mecanismo federal de protección de periodistas,” explicó Trotti.
“Desde que fue creado, estamos denunciando que ese mecanismo no tiene rigor en sus protocolos ni recursos para proteger con eficacia a los periodistas”, dijo. El mecanismo se halla bajo la responsabilidad de Encinas.
También, citó Trotti, se está solicitando una reparación económica para la familia, además de alguna acción simbólica por parte del Estado, como dotar con el nombre del periodista a una calle de la población donde laboró.
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“ Buscamos que se haga justicia, que quede constancia de que le quitaron su derecho de libertad de expresión y lo desaparecieron por lo que escribía, y eso no es justo”, añadió José Alfredo Jiménez. “Pedimos que se haga una ley que exija más castigo”, agregó.
Esta administración llegó al gobierno hace 30 meses, en diciembre de 2018, y la SIP de inmediato solicitó a las autoridades respuestas a las peticiones planteadas ante la CIDH.
Derecho a la memoria
La SIP lanzó en 2020 una campaña contra la impunidad: Lápices Inmortales. De esta forma se honra a periodistas desaparecidos o asesinados. El de Alfredo es uno de los casos emblemáticos, al igual que el de la periodista guatemalteca Irma Flaquer y el del colombiano Carlos Lajud.