San José.— Con temor e intranquilidad y casi siempre de enero a abril, los gobiernos de América Latina y el Caribe dirigen su atención a Washington a la espera de que Estados Unidos emita los certificados de buena o mala conducta de cada uno en el año previo en la lucha contra el narcotráfico, como productores o puntos de tránsito de drogas ilegales al mercado estadounidense.

Aunque comenzó en 1961, como parte de labor entre el Congreso de EU y la Casa Blanca sobre las drogas, la práctica se convirtió a partir de 1971 en un renovado factor de tensión en los vínculos de Washington con América Latina y el Caribe.

Con la declaratoria de la guerra a las drogas hecha el 17 de junio de 1971 por el entonces presidente de EU, Richard Nixon, la certificación o la descertificación estremecieron los nexos interamericanos por la inquietud de las naciones de recibir una mala conducta y exponerse a represalias económicas de Washington.

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La costumbre unilateral estadounidense de aprobar o reprobar el trabajo de uno u otro gobierno en lucha antidroga siempre recibió un reclamo: ¿Con qué derecho EU certifica o descertifica a otros y elude auto—examinarse como gigantesco mercado mundial de consumo de drogas y poderoso imán para el narcotráfico?

“Poco ayudan las certificaciones que, unilateralmente, EU asigna a los demás países para calificar su buen o mal desempeño en la guerra contra las drogas, que sólo le sirven de palanca para alinear a otras naciones en su política”, alegó el costarricense Enrique Castillo, ex canciller, ex ministro de Justicia y ex embajador de Costa Rica en Europa y la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Como contrapartida, EU debería rendir cuentas, pública y periódicamente, sobre el desempeño de esas mismas políticas en su propio territorio, el mayor mercado y destino final. Las certificaciones tienen un incómodo parecido con las listas negras de paraísos fiscales, elaboradas por países ricos, en las que no figuran los paraísos que hay en los propios territorios de esos países ricos”, dijo Castillo a EL UNIVERSAL.

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La guerra antidrogas fracasó y solo sirvió “para apuntalar un ‘status quo’ del que forma parte el narcotráfico como elemento funcional, como lo son la banca, que a menudo maneja sus fondos, y otras industrias y materias de comercio, con la salvedad de que el narcotráfico es hoy tan poderoso que pone en jaque a los gobiernos”, adujo.

Para el historiador y urbanista ecuatoriano Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ente no gubernamental autónomo, “la guerra contra las drogas es a los lugares de producción y de circulación o de tránsito. Nunca se planteó esa guerra para el consumo, porque eso significaba golpear dentro de EU y eso absolutamente no les convenía (a los estadounidenses)”.

“Para que la política de Nixon pueda ejecutarse, EU estableció la lógica de zanahoria y garrote. La certificación es absolutamente colonial: un Estado, independientemente que sea EU, define la política en otro Estado que, si no cumple, se le descertifica y es definido como narcoEstado”, indicó Carrión a este diario.

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Tras señalar que la zanahoria se usa como premio y el garrote como amenaza, recordó que “aparecieron nomenclaturas como estado fallido, muy clara, para obligar a que todos los países, de producción o de circulación, entren en esa lógica”.

El gobierno de EU “decide que este país sí y este no. La certificación es recurrir a todas esas nomenclaturas, como narcoEstado, para aplicar zanahoria o garrote. Y eso es lo que ha ocurrido. Para que un país sea certificado positivamente tiene que llevar a cabo la política de EU, que ha sido francamente un error”, insistió.

La Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas de EU (DEA por sus siglas en inglés) no contestó a la solicitud de este periódico de una reacción al cuestionamiento internacional por el confuso saldo de medio siglo de batalla antidroga.

El proceso. La certificación se rige con el Acta de Asistencia Extranjera, que EU aprobó en 1961, bajo el concepto del Congreso de ese país de que el gobierno estadounidense actúa con debilidad y complacencia o evita ser fuerte y riguroso con las principales naciones productoras de alucinógenos y las que son puntos de tránsito.

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De acuerdo con el proceso, el presidente de EU puede certificar, descertificar o promulgar una certificación de interés nacional, que es un acto excepcional y específico sobre un gobierno para impedir someterlo a represalias económicas.

Con una enmienda al Acta en 1986, el Congreso obligó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado a elaborar un listado de países con mala conducta para retenerles la mitad de la asistencia financiera que EU les suministra.

Al negársele la certificación, un país sufrirá la retención inmediata de la ayuda “no humanitaria” y EU quedará obligado a oponerse a cualquier préstamo que el gobierno castigado gestione en organismos financieros internacionales.

Las sanciones prevalecerán hasta que el gobernante y el secretario de Estado certifiquen que la nación cambió de política y coopera en el combate a la narcoactividad.

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La evaluación individual la realiza el Departamento de Estado sobre informes de varias fuentes gubernamentales y en trámites que involucran a instancias de la Cámara de Representantes y del Senado vinculadas a asignaciones de fondos al exterior y a políticas internacionales.

“Hay obviamente enormes costos en violencia y deterioro de las instituciones en todos los países de América Latina y el Caribe involucrados en esta cadena transnacional de producción, tráfico y distribución de drogas”, planteó a este periódico el economista colombiano Jorge Restrepo, director del (no estatal) Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, de Bogotá.

La guerra contra las drogas, pronosticó, “se va a sostener y soy bastante pesimista, a menos que surjan liderazgos ilustrados y con capacidad de encontrar una salida coordinada globalmente a la crisis”.