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Seúl.— Yoon Suk-yeol, presidente destituido de Corea del Sur por el Parlamento, se mostró desafiante ante la decisión.
Dijo que hará “lo mejor para el país hasta el final” al ser destituido por el Parlamento tras haber decretado la ley marcial la semana pasada, lo que le deja a la espera de que el Constitucional ratifique o no su cese. En un mensaje grabado en su residencia tras conocer que el Parlamento aprobó la moción para destituirlo, Yoon defendió una vez más su decisión y pidió al gobierno que se ocupe con esmero de sus funciones, que han quedado en suspenso y han sido transferidas de manera interina al primer ministro, Han Duck-soo. “Aunque estoy haciendo una pausa en este momento, el viaje que he emprendido en pos del futuro del pueblo durante los dos últimos dos años y medio no debería detenerse”, dijo el mandatario.
“Cargaré con todas las críticas, los ánimos y el apoyo que he recibido, y haré lo mejor para el país hasta el final”, añadió. También instó a los dos principales partidos surcoreanos a evitar “las políticas imprudentes y beligerantes”.
Han dijo que “las condiciones internas y externas que enfrenta actualmente la República de Corea son muy difíciles” y “el gobierno hará todo lo posible para superar estas dificultades y minimizar el impacto en la vida diaria de nuestros ciudadanos”. Continuó diciendo: “Estableceremos una postura de seguridad sólida y gestionaremos de manera estable la confianza externa”, y agregó: “Todo el gabinete hará todo lo posible para mantener la confianza con la República de Corea, EU, Japón y nuestros aliados”.
Han habló por teléfono con el presidente estadounidense Joe Biden y reafirmó la sólida alianza entre la República de Corea y Estados Unidos. Han explicó que toda la futura administración se llevará a cabo estrictamente de acuerdo con la Constitución y las leyes.
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su gabinete, como el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva, y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurreción.
Este último es el más grave de ellos e incluso puede suponer el arresto de Yoon, puesto que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
Yoon queda ahora a expensas de que el Tribunal Constitucional determine en un plazo máximo de 180 días si restituye a Yoon como presidente o si ratifica su cese.
Yonhap detalló que “el presidente interino del Tribunal Constitucional, Moon Hyeong-bae, declaró que convocaría una reunión de jueces a las 10 a. m. del día 16 para discutir el cronograma de manejo del caso, según un funcionario del Tribunal Constitucional”.
“El Tribunal Constitucional suele estar integrado por nueve magistrados, pero actualmente sólo tiene seis, ya que tres de los que dejaron sus cargos en octubre aún no han sido reemplazados. Para que se apruebe una moción de destitución, normalmente debe recibir el apoyo de al menos seis de los nueve magistrados. En el caso de Yoon, los seis tendrían que aprobar la decisión del sábado en el Parlamento”, reportó The Guardian. El medio recordó que “los expertos legales creen que el tribunal se mostraría reacio a tomar una decisión tan trascendental sin un tribunal completo, dada la gravedad política de destituir a un presidente.
“Lo más probable es que el tribunal pida a la Asamblea Nacional que nombre a tres nuevos jueces antes de proceder con el juicio político a Yoon”. Si el tribunal decide expulsarlo, Corea del Sur deberá celebrar elecciones dentro de 60 días.
