Miami.— El 19 de agosto de 2024 marcó un hito para miles de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Bajo la orden ejecutiva del presidente Joe Biden conocida como Keeping Families Together (Mantener a las Familias Juntas), aquellos que han residido en el país por 10 años o más, desde la fecha de la firma de la orden para atrás, y están casados con ciudadanos estadounidenses tienen la oportunidad de solicitar la residencia permanente, comúnmente conocida como Green Card, sin tener que abandonar territorio estadounidense.
Autoridades de inmigración confirmaron a EL UNIVERSAL que los solicitantes utilizan el formulario en línea I-131F, diseñado específicamente para este proceso, cuyo costo es de 580 dólares. El nombre legal del documento es Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal en el País para Ciertos No Ciudadanos Cónyuges e Hijastros de Ciudadanos Estadounidenses.
De momento no hay una cifra oficial de cuántos indocumentados iniciaron ya el proceso. “Va cambiando demasiado rápido, ya que todo el procedimiento es online”, dijo a este diario un vocero del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Aunque el proceso de aprobación tomará tiempo, el programa ofrece un camino claro hacia la obtención de la residencia permanente y, eventualmente, hacia la ciudadanía.
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Las estimaciones iniciales sugieren que alrededor de 500 mil cónyuges indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses, incluidos viudos o viudas, y los hijos menores sin papeles son elegibles para aplicar bajo este programa. En los primeros días desde su lanzamiento, se ha observado un flujo constante de solicitudes.
María González, una inmigrante mexicana que ha vivido 15 años en EU y está casada con un ciudadano estadounidense, escribió en Facebook que “esta es la oportunidad que hemos estado esperando durante tanto tiempo. Ahora mis hijos pueden dormir tranquilos sabiendo que no seremos separados”.
José Ramírez, originario de El Salvador y residente en el país por más de 12 años, expresó en X que “después de años viviendo con miedo e incertidumbre, finalmente puedo ver un futuro estable para mi familia. Gracias a este programa, podemos seguir construyendo nuestra vida aquí sin temor a la deportación”.
Organizaciones de apoyo a inmigrantes han manifestado su respaldo al programa. La directora de la coalición Familias Unidas, Elena Morales, declaró en una entrevista: “Este es un paso monumental hacia una reforma migratoria más humana y justa. Mantener a las familias unidas debe ser una prioridad y este programa refleja esa necesidad”.
La directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés), Angélica Salas, elogió el inicio del proceso como un paso sensato y humanitario, asegurando que “la unidad familiar es un pilar de nuestra nación. Esta acción ofrece estabilidad a algunas familias estadounidenses, pero aún se debe hacer más para proteger a más inmigrantes de manera permanente”, por lo que seguirá abogando por una reforma migratoria más amplia.
El factor Trump
Sin embargo, hay una espada de Damocles apuntando a la cabeza de esa orden ejecutiva: Donald Trump y la posibilidad de que regrese a la Casa Blanca en 2025.
Los analistas consultados hicieron un llamado para que quienes califican realicen el proceso lo más pronto posible, ya que Trump ha criticado duramente las políticas migratorias del presidente Joe Biden y en especial esta orden ejecutiva. Baste recordar el discurso que dio durante la Convención Nacional Republicana en julio pasado; Trump prometió lanzar “la operación de deportación más grande en la historia” de EU si es reelegido en noviembre. También ha hablado de utilizar a las fuerzas locales y la Guardia Nacional para labores migratorias y sugirió incluso la creación de campamentos de detención cerca de la frontera para facilitar deportaciones masivas.
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Alcance del programa
Entre los migrantes existen dudas acerca de si son elegibles o no para el programa, particularmente los Dreamers (jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños con sus padres migrantes) y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Según las autoridades, Dreamers y beneficiarios del TPS que cumplan con los requisitos específicos del programa, incluyendo el tiempo de residencia y el estado civil, también pueden aplicar para la residencia permanente a través de este proceso. Esta ampliación potencial de elegibilidad ha sido recibida con entusiasmo por muchos dentro de estas comunidades. En un grupo de Facebook dedicado a Dreamers, un usuario comentó: “Saber que también podemos ser parte de este programa nos da una nueva esperanza para nuestro futuro en este país”.
Aunque el programa ha sido ampliamente celebrado, también enfrenta importantes retos logísticos y administrativos. El alto volumen de solicitudes requiere recursos significativos y una gestión eficiente por parte de las autoridades de inmigración para asegurar un procesamiento dinámico y oportuno. Además, la necesidad de clarificar ciertos aspectos del programa, incluyendo criterios de elegibilidad.
Una activista de la organización conocida como Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) dijo a este diario que “este es un buen comienzo, pero aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar que todos los inmigrantes tengan acceso a un camino hacia la ciudadanía”.
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