“Un acto de ceguera, además de una traición”, así califica el doctor Humberto de la Calle, exalto Comisionado para la Paz de Colombia, el anuncio de un grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de regresar a las armas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, señala, además, que el acuerdo alcanzado en 2016, que puso fin a 52 años de conflicto, “no tiene marcha atrás” y advierte de la parte que le toca a México en la problemática colombiana, ante la creciente presencia en aquel país del narco mexicano.
Luego del anuncio que hiciera alias Iván Márquez junto a alias Jesús Santrich, el Paisa y otro grupo de retomar las armas, ¿la paz de Colombia está en el aire?
—Por fortuna el grueso de los excombatientes sigue firme en el proceso. Según cifras oficiales, más de 90% continúa en la implementación de los acuerdos.
La cúpula del nuevo partido, que surgió de las FARC, ha reiterado que no comparte la actitud de Márquez y sus compañeros. Este no sólo es un crimen, sino un error fatal para ellos. Volver a la retórica del uso de las armas en la política tras medio siglo de confrontación es un acto de ceguera, además de una traición.
Tanto los opositores al acuerdo como el gobierno y quienes estamos empeñados en su defensa coincidimos en que ésta no es una nueva guerrilla, es una organización delincuencial teñida por el narcotráfico.
Ellos acusan incumplimiento en los acuerdos de paz, ¿qué tan cierto es esto?
—Después de un primer momento de vacilación, creo que el gobierno, que actúa de la mano de los opositores al acuerdo, ha entrado en un proceso de implementación serio en lo que se relaciona con la reincorporación de los antiguos guerrilleros a la vida civil. Nuestra queja, que mantenemos, es que el pacto no es sólo eso.
Además de la reincorporación, de los planes de desarrollo con enfoque territorial y de la presencia estatal en zonas tradicionalmente abandonadas, el acuerdo contiene una hoja de ruta para Colombia: una reforma rural aplazada por más de siglo y medio, un ejercicio más limpio de la política, un compromiso global de erradicar la violencia, de generar una democracia más incluyente y una justicia transicional que cobije a todos los responsables, guerrilla, militares y financiadores no combatientes, a fin de que con verdad, reparación y no repetición, podamos doblar la página de la violencia. Hasta ahora, las objeciones del gobierno a los últimos puntos siguen vigentes.
¿Considera un fracaso los acuerdos de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos hizo?
—No lo veo fracasado, pero sí veo riesgos. Si la receta es simplemente volver al pasado y apostar sólo a la respuesta armada, entonces sí sería un desastre, una responsabilidad histórica enorme.
Los involucrados nunca pidieron perdón a Colombia por todo lo cometido; ahora, algunos son buscados por la Interpol. ¿Quién debe de pedir perdón?
—Todos. Deben asumir su responsabilidad y mirar a la cara a las víctimas, reparar y comprometerse a no repetir esta ordalía. Cuando digo todos, me refiero a los guerrilleros, que cometieron crímenes horrendos, pero también a los militares que se desviaron del camino correcto y de los terceros no combatientes que promovieron y financiaron la violencia.
¿Qué seguridad se le debe dar a Colombia? Porque esto ha despertado temores en el país
—La toma del poder por las armas no está en el radar. La supremacía del Estado no está en duda, pero se requiere una voluntad decidida sobre la integralidad del acuerdo, un esfuerzo para lograr presencia estatal, no sólo armada en los territorios abandonados.
Por supuesto, el Estado de derecho debe enfrentar las organizaciones residuales, las disidencias, estas formas de violencia que persisten. En lo político, hay que apoyar al gobierno en este empeño.
¿Qué papel tiene México frente a Colombia?
—México tiene parte de esta problemática: ahora que se hace cada vez más patente la presencia del narcotráfico mexicano entre nosotros.
