"En las próximas horas vas a ser viuda y tendrás que asumir ese papel".
Con este estremecedor anuncio, unas mujeres secuestradas por miembros de pandillas en El Salvador descubrían que había llegado la siguiente fase de una escalofriante trama.
Sus maridos, en realidad hombres desconocidos con los que habían sido obligadas a casarse pocos días atrás, serían asesinados. El objetivo: cobrar su seguro de vida.
El grupo criminal detrás de este fraude —que bien podría ser el guión de una película— recibió un descriptivo nombre por parte de las autoridades encargadas de investigarlo: "Viudas negras".
El 17 de mayo siete miembros de la Mara Salvatrucha (MS), una de las dos grandes pandillas del país, fueron condenados a entre 15 y 30 años de cárcel por delitos de trata de personas y agrupación ilícita en lo que supuso una sentencia histórica para la región.
"Se trata de la primera condena en El Salvador y Centroamérica por trata de personas en modalidad de matrimonio forzado", destaca Violeta Olivares, jefa de la Unidad Fiscal Especializada contra Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía de El Salvador, quien asegura que se trata de un modo de operación de las pandillas nunca visto antes en el país.
El testimonio de una de las mujeres que logró escapar de sus captores identificada como "Mónica" fue lo que permitió a la Fiscalía de El Salvador iniciar la investigación hace dos años.
La joven, originaria de una zona rural del país y cuya identidad el Ministerio Público protege, aceptó viajar a San Salvador después de que una mujer le ofreciera trabajo como empleada doméstica.
Pero, al cabo de tres semanas, fue trasladada a otra casa cercana donde un hombre le advirtió que debía cumplir sus órdenes si no quería que sus familiares fueran asesinados.
El mandato fundamental era el epicentro de la trama: debía casarse con un hombre que no conocía.
"Tras negarse, la joven fue sometida a violencia física, verbal, psicológica e incluso sexual", relata la fiscal Olivares en conversación con BBC Mundo.
De manera paralela, los ahora condenados se habían encargado de encontrarle un futuro marido mediante engaños. A ellos les prometían que quienes serían su esposas tenían un estatus migratorio válido para vivir en Estados Unidos, lo que les permitiría a ellos también residir en el país norteamericano.
Tras casarse, la mujer —por orden de los miembros de la pandilla— convencía a su esposo para contratar un seguro de vida en un banco porque "tenían que aparentar ser una pareja consolidada".
Solo tres o cuatro semanas después, el hombre era asesinado por miembros de la mara, según lo descubierto por el Ministerio Público. Y ahí llegaba una de las partes más surrealistas de la trama.
"Les mandaban celebrar el funeral y comportarse como viudas totalmente dolidas. Les decían que iban a estar vigiladas y que les informarían si ellas no seguían las indicaciones de actuar como viudas, con el objetivo de no perjudicar el pago del seguro", relata Olivares en base a las declaraciones de las víctimas.
"Te tenés que presentar como esposa. ¡Tenés que llorar!", les ordenaban a las mujeres los miembros de las "Viudas negras".
Durante el juicio, los condenados negaron pertenecer a la MS. Una de las consideradas líderes, Esmeralda Flores, aseguró que en realidad fue ella la que empezó a ser extorsionada después de contratar a "Mónica" como empleada doméstica.
"Todo esto se ha dado por cuestiones de dinero, en los cuales hay policías implicados (...). Se me decía que yo estaría involucrada en homicidios si yo no pagaba", dijo tras una audiencia al sitio web El Salvador Times, lo que explicó asegurando que "Mónica" era pariente cercana de un miembro de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
"Esta es la historia de la sirvienta que te roba, te daña y va a ponerse como víctima ante la policía", aseguró.
Los seguros de vida, que oscilaban entre los US$15.000 y US$30.000, debían ser cobrados en efectivo por las mujeres, previo asesoramiento de abogados vinculados a las pandillas que les decían cómo actuar en el banco.
"Al salir del banco lo entregaban a los mareros que estaban cerca. La mayoría andaba en motocicletas. O se lo daban directamente a una de las cabecillas", cuenta Olivares, quien basándose en las declaraciones de las víctimas, no tiene dudas de que el dinero llegó a las Viudas negras.
"Ellas les entregaban el dinero a esta estructura que pertenecía a la mara MS. Si el dinero quedaba solamente en esta estructura o era trasladado a otros sujetos no identificados, eso no se determinó. Pero sí se determinó que fue recibido por sujetos de la mara MS", aclara.
Según la Fiscalía, Viudas negras llegó a cobrar gracias a los seguros de vida de sus víctimas más de US$100.000, el cual en parte era reinvertido en la trama en busca de nuevas víctimas.
"El grupo rentaba vehículos de lujo en los que la mujer cabecilla salía a bares para conocer hombres, con quienes incluso comenzaba relaciones sentimentales. Después, les contaba que tenía una sobrina que estaba dispuesta a casarse con ellos para que pudieran irse a vivir a EE.UU., y así eran convencidos".
Fue gracias al testimonio de la víctima que consiguió escapar que se pudo identificar la casa en la que estuvo secuestrada. Allí se realizaron las primeras detenciones y se logró rescatar a otras dos mujeres en su misma situación.
Sus declaraciones permitieron localizar a dos víctimas más, que forman parte de una segunda fase del caso cuya audiencia se podría realizar a finales de este año.
Sin embargo, el número de mujeres secuestradas por el grupo de Viudas negras puede haber sido mucho mayor.
Según Olivares, "mujeres en la casa hacían referencia a otras víctimas en el pasado que, después de ser obligadas a casarse y cobrar el seguro tras la muerte del marido, también ellas habían sido asesinadas", por lo que la investigación continúa abierta.
La unidad especializada de la Fiscalía liderada por Olivares registra desde 2016 entre 50 y 60 casos al año por trata de personas en El Salvador —aunque en lo que va de 2019 son ya unos 40—, la mayoría por explotación sexual y, en menor medida, por trabajos forzados y servidumbre.
Hasta ahora, sin embargo, no se había identificado trata por la modalidad de matrimonio forzado en el país centroamericano, lo que según la fiscal da cuenta de la "diversificación del actuar criminal" de las pandillas, facilitado por su "control de territorios" y de personas que viven en estos barrios o colonias donde propagan su terror.
En ello coincide Carlos Martínez, periodista del diario digital salvadoreño El Faro, quien asegura que en sus ocho años "intentando comprender el mundo criminal y el fenómeno social que suponen las pandillas" no había tenido constancia de ninguna trama similar, por lo que no cree que sea una práctica generalizada.
Sin embargo, en conversación con BBC Mundo, Martínez recuerda que prácticas descubiertas en los últimos años confirman cómo "las pandillas han ido diversificando y probando distintas maneras criminales de obtener recursos".
Por ejemplo, el periodista recuerda casos en que mujeres debían hacerse cargo de los hijos de las pandilleras en la cárcel, o de jóvenes obligadas a hacerse pasar por parejas de líderes de las pandillas presos y debían ir a visitarlos y tener sexo con ellos.
"En algunos casos las obligaron a casarse con ellos porque el sistema restringió las visitas a los centros penitenciarios, por lo que debían estar casados si querían tener visitas intimas", asegura.
"Precisamente por la enorme diversidad de trucos, artimañas y practicas criminales, no me suena descabellado" el método de las "Viudas negras", afirma Martínez.
Pero la fiscal Olivares recuerda que, pese al logro histórico de la condena contra el grupo, el trabajo más importante ahora es tratar de reparar los daños causados a sus víctimas, a quien se les proporcionó alojamiento en albergues y acompañamiento psicológico desde su rescate.
"Ellas son conscientes de lo difícil que les va a resultar tener una vida normal en el país, ya que pertenecen a familias de pocos recursos que difícilmente les van a garantizar una vivienda donde no haya presencia de esa estructura de la MS", vaticina.
Ante ello, la Fiscalía tramita ya sus procesos para que puedan ser protegidas en otros países con opciones de asilo o refugio para víctimas.
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