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San José. – Una frase escueta, directa y precisa del asesinado candidato presidencial y periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio tocó el 7 de noviembre de 2022 las fibras más riesgosas y sensibles de la penetración del narcotráfico en la política en Ecuador. “Estados Unidos no retira una visa por su bonita o fea cara”, alertó Villavicencio como legislador de la opositora Alianza Honestidad en la Asamblea Nacional de Ecuador, al crearse ese día un bloque de 15 asambleístas que indagaría la infiltración del narcotráfico en estructuras públicas y privadas ecuatorianas.
El mensaje de Villavicencio aludió a una peligrosa casta ecuatoriana: los “narcogenerales” y su denunciada alianza con los cárteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, los más poderosos de México.
A la instancia legislativa “no la parará nadie”, proclamó Villavicencio ese lunes de noviembre, al advertir que se “va a escanear” el financiamiento de las campañas presidenciales de los últimos 15 años en Ecuador por la eventual infiltración del narcotráfico.
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Pero nueve meses y dos días después, Villavicencio, de 59 años y casado con la ecuatoriana Verónica Sarauz, fue asesinado a balazos este miércoles en un ataque de sicarios en Quito, ya en su rango de candidato presidencial por el opositor Movimiento Construye para los comicios del próximo 20 de agosto en Ecuador.
¿Por qué Villavicencio fue asesinado y convertido en la más reciente víctima de la violencia política y criminal en una nación que, al igual que otras de América Latina y el Caribe penetradas por el narcotráfico, dejó hace varios años de ser un santuario de paz?
El magnicidio pareció remitir a la decisión que Washington adoptó en 2021 de retirar las visas de ingreso a EU de un clan de “narcogenerales” ecuatorianos que, según la embajada estadounidense en Quito, se instaló en puestos jerárquicos de las fuerzas de seguridad de Ecuador y podría mantener componendas con el narcotráfico, por lo que entró a su radar de investigación.
Villavicencio perdió su escaño el 17 de mayo anterior, cuando el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea. Rumbo a cumplir el 24 de ese mes el segundo de sus cuatro años de gobierno y desesperado por evitar ser destituido en juicio legislativo por un escándalo de corrupción en su contra, Lasso disolvió la Asamblea, adelantó las elecciones presidenciales y parlamentarias y luego desistió de competir.
La ruta fue decidida por Lasso en un contexto de fuertes sobresaltos.
En un progresivo deterioro de la seguridad que se registró en el transcurso del siglo XXI, pero que se complicó desde hace más de seis o cinco años, se agravó con celeridad a partir de 2020 y llegó a profundizarse en 2021 y 2022, Ecuador se precipitó desde finales de octubre anterior en el más agudo conflicto de inseguridad y de infiltración criminal de su historia.
Con las mafias de CJNG y Sinaloa empoderadas en el convulso escenario ecuatoriano de la delincuencia organizada, el temible vocablo de “narcopolítica” que causó estragos desde finales del siglo XX en América Latina y el Caribe irrumpió también en la conflagración de violencia y criminalidad en Ecuador en un cóctel con los “narcogenerales”.
En un discurso que pronunció el 6 de noviembre en medio de la oleada de pánico y en la más grave crisis de inseguridad de su historia, Lasso lanzó una alarma política que impactó en la Asamblea al destacar que los “padrinos de las mafias del narcotráfico son los narcopolíticos”.
Apegado a su regla de eludir citar directamente a ambos cárteles, el gobernante alegó que los “narcopolíticos reaccionan en su defensa, tratando de desestabilizar la democracia para intentar volver al poder político y seguir ganando dinero de la corrupción y el tráfico ilegal de drogas”.
“Hay mucho dinero en juego”, planteó.
Ecuador se afianzó en 2022 como vital plataforma del tráfico internacional de cocaína que se origina en Colombia, principal productor mundial de esa droga.
Las redes ecuatorianas, el CJNG y Sinaloa y sus surtidores colombianos controlan los alijos del estupefaciente de Colombia—principal productor mundial de cocaína—a Ecuador para reexportarlos a Centroamérica, México, EU y Europa.
La violencia sin precedentes en Ecuador se mostró con frecuentes motines carcelarios, sabotajes, “carros—bomba” y explosivos contra policías y militares e instalaciones públicas y privadas. Los cárteles de México tienen emisarios mexicanos en Ecuador que operan en componenda con las agrupaciones criminales ecuatorianas.
El conflicto se agravó con el asesinato político, el 23 de julio pasado en un tiroteo callejero, del ecuatoriano Agustín Itriago, alcalde de la centro—occidental ciudad portuaria de Manta, tercera principal urbe de Ecuador y en el litoral del Océano Pacífico, en un hecho que sumió al país en una incontrolable y generalizada inseguridad.
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Ecuador subió de mil 188 asesinatos en 2019 a mil 362 en 2020, 2 mil 464 en 2021 y 4 mil 450 en 2022 (al 28 de diciembre), según registros oficiales.
El 24 de julio tras el homicidio de Itriago, el coronel ecuatoriano en retiro Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército de Ecuador, escritor y profesor universitario de seguridad y defensa en la (no estatal) Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), de esa nación, anticipó un contexto de deterioro y amenaza de sin retorno.
“Ecuador sigue el rumbo de permanente bote y rebote hasta llegar a ser un Estado fallido. Las condiciones son sumamente graves y violentas: la sociedad está aterrorizada con lo que está pasando”, dijo Pazmiño a EL UNIVERSAL en un turbio decorado político.
Al informar que el de Itriago fue el noveno asesinato político en 2023 en el entorno de los comicios generales del 20 de agosto próximo, el coronel en retiro lamentó: “Es una pésima imagen de una campaña enlutada por la violencia extrema: no priman las ideas, priman las balas”.
Diario Extra, un diario ecuatoriano de la surcentral provincia de Guayas, publicó el 23 de julio de este año en su primera plana un titular para describir en ese momento el panorama regional, pero que podría hoy dibujar el escenario nacional que sufre Ecuador y al que Villavicencio prometió hace 275 días que combatiría: “Se vende miedo”.
