Abogados de los familiares de los 25 asesinados durante el gobierno de Alberto Fujimori pidieron ayer en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, anular el indulto otorgado al ex mandatario, porque fue un “pacto político” que vulneró la legislación. Mientras que Perú confía en que respete la medida.
Los defensores de las víctimas dijeron que el indulto no fue humanitario sino una “negociación política” que permitió la excarcelación de Fujimori a cambio de que 10 parlamentarios —liderados por el hijo del ex presidente, el legislador Kenji Fujimori— se abstuvieran de votar para evitar la destitución de Kuczynski.
Gloria Cano, una de las abogadas de los familiares, relató que el indulto se realizó en un “récord” y que días antes se modificaron las normas para que la junta médica que recomienda los indultos otorgara “voz y voto” al doctor de Fujimori.
Jorge Villegas, representante de Perú, reafirmó frente a los siete jueces de la Corte-IDH que el indulto otorgado por Kuczynski fue por razones médicas. Dijo que padecía graves enfermedades, entre ellas cáncer y arritmia cardiaca que en prisión “podían ocasionarle la muerte”. Añadió que incluso un condenado por “graves violaciones de derechos humanos” como el ex presidente tiene derecho a la “dignidad, salud y la vida”.
Carlos Rivera, otro de los abogados de las víctimas, afirmó que Fujimori no sufría de ningún impedimento en prisión que agravara su salud, ya que tenía las “mejores condiciones carcelarias de Perú y América Latina”.
El presidente de la Corte-IDH, Eduardo Ferrer MacGregor, dijo: “La corte analizará la información presentada por las partes y las observaciones de la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos, CIDH], de los representantes de las víctimas y del Estado peruano”.
Enrique Mendoza, ministro de Justicia, de Perú, indicó: “Saludo la defensa ejercida por los agentes del Estado peruano ante la Corte-IDH y espero que se reconozca que el Estado está dando cumplimiento a las sentencias de los casos de Barrios Altos y La Cantuta”.
La jefa del gabinete ministerial, Mercedes Aráoz, ha dicho que el gobierno no acatará un posible fallo que ordene un nuevo encarcelamiento, pero eso sería desacato, ya que los fallos de la Corte-IDH son de obligatoria aplicación en ese país.