Caracas/Washington.— El gobierno de Venezuela calificó como un “nuevo crimen de agresión” las sanciones anunciadas ayer por Estados Unidos contra 16 funcionarios del país sudamericano, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Parlamento, por proclamar “falsamente” al presidente Nicolás Maduro como ganador de los comicios de julio.
Entre los sancionados figuran la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el oficialista Pedro Infante. “En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder”, declaró el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken.
El Departamento del Tesoro señala a los sancionados de haber “impedido un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos”. Bajo estas sanciones, quedan bloqueadas todas sus propiedades y activos en Estados Unidos y se les prohíbe realizar transacciones financieras.
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Para el gobierno chavista, Estados Unidos demuestra, “una vez más, su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos”.
Sin embargo, prosiguió, “poco se puede esperar de la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad, la responsable de millones de asesinatos en el mundo con socios genocidas y un historial de indiferencia por las necesidades de sus propios ciudadanos”.
Con estas “erróneamente denominadas sanciones, que han sido vergonzosamente promovidas por la extrema derecha fascista”, como el chavismo suele referirse a la oposición, “rompen y violan los acuerdos firmados en Qatar” entre ambos países americanos. Caracas expresó que Washington “nuevamente recorrerá el camino del fracaso y será derrotado por la dignidad de Venezuela, que continuará conquistando nuevos logros”.
A juicio del gobierno venezolano, esta “arremetida contra personas que, día a día, defienden la soberanía y la paz de la nación no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró que las sanciones no ayudan a solucionar la crisis. Mientras, Venezuela afirmó que Guterres está del lado de quienes “sancionan ilegalmente”, dijo el canciller de ese país, Yván Gil, en un mensaje publicado en Telegram. Indicó que Guterres, en vez de solidarizarse con las “víctimas del bloqueo y las sanciones”, se pone del lado de los “mentirosos y victimarios, de los fascistas que violan derechos y desconocen el Estado venezolano”.
Antes, 49 países junto a la Unión Europea (UE) como bloque pidieron en Naciones Unidas a las autoridades venezolanas que publiquen “inmediatamente” el resultado detallado de las elecciones presidenciales del 28 de julio y permitan una “verificación imparcial”.
Argentina, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Reino Unido, además de la Unión Europea como bloque, figuran entre los firmantes. La declaración contó con la ausencia de México, Colombia y Brasil.
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La líder opositora venezolana María Corina Machado, que denuncia un fraude en la reelección del presidente Maduro, celebró esta declaración como “una victoria” en el “camino a la transición democrática”.
“Todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela”, escribió Machado en X. “Es hora de que los venezolanos lleven a cabo negociaciones constructivas e inclusivas para resolver este impás electoral y restaurar, pacíficamente, las normas democráticas (...) y los deseos de los venezolanos”, indica la declaración conjunta. Asimismo, los firmantes manifiestan “gran preocupación” por abusos y violaciones de los derechos humanos como “represión, detenciones y arrestos arbitrarios, asesinatos y negación de garantías para juicios justos, así como tácticas de intimidación contra la oposición”.
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibió al candidato opositor González Urrutia, llegado a Madrid para asilarse. Sánchez, cuyo gobierno, en consonancia con la posición de la UE, exige que se hagan públicas las actas electorales de las elecciones venezolanas, pero sin reconocer el triunfo de González Urrutia, había manifestado su deseo de recibir al opositor tras su regreso de una gira por China.