San José.— Un ambiente enrarecido y de desconfianza se afianzó en el entorno de las elecciones presidenciales de Venezuela.
En un riesgo recurrente, reapareció la posibilidad de que, con el pretexto de afrontar las represalias económicas de Estados Unidos y relegado al segundo o tercer lugar en las encuestas, el cuestionado presidente de Venezuela, el izquierdista Nicolás Maduro, en cualquier momento podría decidir suspender los comicios presidenciales.
“Ese es un escenario que tampoco se puede descartar. No es el más probable ahora, pero no se puede descartar”, admitió la comunicadora social venezolana Griselda Colina, directora del (no estatal) Observatorio Global de Comunicación y Democracia, de Caracas, y rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 2021 a 2023. “Pero hay mucha presión internacional para impedir que las elecciones sean suspendidas”, dijo Colina a EL UNIVERSAL.
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Las alertas resurgieron el miércoles, luego de que el diputado venezolano Jaime González, autodefinido como opositor y tildado de ser afín o manipulado por Maduro, presentó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para suspender las elecciones por “las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y criminales impuestas” por Washington a partir de 2014.
Los comicios se harían cuando “cesen todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, hostiles, leyes, órdenes ejecutivas, decretos, embargos y otras (…) de agresión” contra Venezuela, su gobierno, autoridades y bienes, buques, aeronaves y recursos financieros “confiscados” por EU.
EU impuso las sanciones desde 2014 al acusar a Maduro de violar los derechos humanos y romper el orden constitucional, lo cual fue rechazado por el mandatario. Washington flexibilizó esas medidas luego de que, en octubre, oficialistas y opositores firmaron en la isla caribeña de Barbados un pacto para garantizar presidenciales libres y honestos. Las sanciones fueron parcialmente reactivadas por EU en abril, al acusar a Maduro de violar el acuerdo de Barbados. Maduro aseguró ser fiel a ese documento.
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La acción del legislador sería otro globo de ensayo de Maduro, candidato presidencial del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), enfrentado a la realidad de que las encuestas de mayor credibilidad y prestigio en Venezuela confirmaron este mes que sería derrotado por el opositor Edmundo González, aspirante por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque antioficialista.
Colina recordó que “estas prácticas autoritarias no son nuevas en Venezuela. Ver a diputado de seudoposición haciendo esto no tiene ningún asidero legal. Aquí hay maniobra política dirigida a sembrar dudas y generar desconfianza y desesperanzas sobre las posibilidades de que la ruta electoral sirva para promover cambio político en Venezuela (...) Aunque ese pedido no tiene ningún basamento legal, la realidad es que estamos en un país en el que no hay Estado de derecho”, respondió, al plantearse que, repetidamente, la oposición acusó al oficial de irrespetar leyes 25 años consecutivos de gobiernos de autoproclamada revolución socialista que se instaló en 1999.
“Son amenazas, son dagas que están allí, son amagos desde los grupos en el poder para sembrar desconfianza y desmotivar con respecto a la ruta electoral. Son amenazas ciertas, porque las pueden ejecutar. Ahora estamos viendo cómo hay presiones positivas. La contundencia de la voluntad de cambio que está en el país es indetenible e irreversible ya”, alegó.
Entre los hechos positivos, Colina destacó los pedidos de 2024 de los gobiernos izquierdistas de Brasil y de Colombia –claves como fronterizos de Venezuela— para que los comicios sean legítimos y transparentes y una evidencia real de la voluntad popular venezolana expresada en las urnas.
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El Centro Carter, institución no estatal de EU encabezada por el expresidente de EU, el demócrata James Carter (1977-1981), confirmó que enviará lo que sería la única misión independiente y creíble a Venezuela.
El CNE, el réferi de los comicios cuya imparcialidad quedó en signo de interrogación como aparato bajo control del régimen, anunció el 28 de mayo pasado que anuló la invitación a la Unión Europea (UE) para que despliegue una misión de observación para el 28 de julio. El CNE acusó a la UE de “actitud hostil e irrespetuosa” contra Venezuela por mantener en una lista negra de restricción de viaje a 50 dirigentes del régimen de Maduro hasta enero de 2025.
El pacto de Barbados “ha sido violado por una de las partes firmantes al revocar la invitación” a la UE “y aumentar la persecución contra dirigentes y simpatizantes de nuestra campaña”, denunció el candidato González en X, en referencia a arrestos de opositores esta semana.
González fue el único de los 10 candidatos que se abstuvo anteayer de firmar un compromiso a ojos cerrados —propuesto por el oficialismo y aceptado por el CNE— que lo obligaría a reconocer el resultado que esa institución anunciará tras el recuento de votos y margen para reclamos.
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En un discurso en el CNE al acudir anteayer a firma el pronunciamiento, Maduro aseguró que “hemos dado un paso adelante para cuidar la paz. Yo celebro la firma de este documento que va en la línea perfecta del documento de Barbados y hoy con esta firma hemos dicho no queremos violencia, respeto al árbitro”. “Si el árbitro te convoca, estás obligado como candidato a acudir, a escuchar al árbitro (…) y que su palabra sea sagrada”, agregó, en alusión indirecta a la ausencia de González.
Ayer, Maduro arengó: “Dejaron de firmar los dos títeres de la oligarquía. ¿Por qué creen que ellos no firmaron el acuerdo para respetar al CNE y los resultados? Porque ellos pretenden gritar fraude, porque pretenden traer (...) el golpe de Estado”.
En un hecho que consolidó el temor de hermetismo, el gobierno de Venezuela reconfirmó ayer que ya no entregará credenciales a la prensa internacional para cubrir los comicios, porque la inscripción se cerró el 19 de abril pasado.