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Estudiantes de la UNAM se unen a manifestación contra reforma judicial; convocan a marcha este 28 de agosto
Caracas. El gobierno de Venezuela suspendió las actividades de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ordenó la expulsión de 13 funcionarios que están en el país.
El gobierno acusó a la oficina de haber "instrumentalizado" su trabajo en contra del Ejecutivo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, informó que en los próximos 30 días su país revisará los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa oficina, por lo que solicitó que el personal adscrito a la ACNUDH abandone el país en las siguientes 72 horas.
“Hasta tanto rectifiquen ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”, dijo Gil.
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El ministro explicó que esta decisión responde al "impropio papel que esta institución ha desarrollado", actuando con parcialidad y como el "bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país".
Desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, la oficina "ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución", prosigue el escrito.
Venezuela dice que seguirá cooperando con mecanismos internacionales de protección de DH
Sin embargo, reiteró su "voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos".
Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.
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mcc