San José.— A la lista de obstáculos políticos, legales, judiciales, legislativos, institucionales y electorales que el régimen gobernante en Venezuela colocó en 2024 en el camino de la batalla de los opositores venezolanos para competir, en presunta igualdad de condiciones, en los comicios presidenciales de mañana en ese país, se sumó una implacable represión… selectiva.
Atreverse a venderle arepas, uno de los platillos insignia de la gastronomía de Venezuela, a cualquiera de los dirigentes opositores venezolanos, significó que al vendedor se le cerró su negocio, se le multó y se le impuso un menú de sanciones.
En múltiples rincones de Venezuela, por un calvario similar transitaron empresarios, hombres y mujeres, como hoteleros, restauranteros, taxistas, lancheros, camioneros y de otras actividades privadas en los últimos cuatro meses por ejercer su labor cotidiana y atender, en un acto rutinario, a un cliente.
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La campaña para los comicios presidenciales de Venezuela de mayor trascendencia del siglo XXI, que prácticamente se intensificó con una sucesión de tormentas políticas desde 2019, terminó de fraguarse en el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, por lo que la lucha oficial comenzó en abril anterior.
A partir de ese momento, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal bloque opositor, empezó a detectar un mayor asedio violento en su contra del gobierno del cuestionado y autodenominado presidente socialista venezolano, Nicolás Maduro, candidato del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Tras innumerables trabas del oficialismo, la PUD logró registrar entre marzo y abril pasados al opositor derechista Edmundo González Urrutia como su candidato presidencial.
Maduro y González se disputarán mañana los votos de un total de 21 millones 392 mil 464 venezolanos que podrán votar para elegir presidente, en una contienda de una sola ronda y en la que ganará el aspirante que recibirá más sufragios. Con González como favorito y ubicado por las encuestas más creíbles con una ventaja de unos 30 puntos sobre Maduro, el oficialismo — inquieto— recurrió a distintas prácticas represivas.
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El régimen justificó los arrestos y otros hechos en que los opositores cometieron ilegalidades y provocaciones para justificar la contienda.
“Hay que reconocer que, en el proceso electoral, los venezolanos hemos sido testigos de un escalamiento de los mecanismos de persecución y hostigamiento por parte del grupo en el poder”, denunció la comunicadora social venezolana Griselda Colina, directora del (no estatal) Observatorio Global de Comunicación y Democracia, de Caracas, y rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 2021 a 2023.
“Estos mecanismos se han sofisticado. No es persecución a grandes grupos ni tampoco de acciones masivas de represión. Es una represión selectiva, de medidas que sirvan como ejemplo, que generen temor y que produzcan un efecto de autocensura y autolimitación de la participación”, dijo Colina a EL UNIVERSAL.
“Las declaraciones de altos voceros del gobierno para amenazar con posibles acciones contra defensores o periodistas, se suman al cierre de medios, al bloqueo de otros tantos e incluso a bloqueos de páginas [digitales] de organizaciones no gubernamentales que combaten la desinformación y defienden los derechos digitales”, subrayó.
Al insistir que “este patrón pretende generar desconfianza y temor e inhibir a participar al pueblo, que entendió que el voto es su forma de expresarse pacífica e institucionalmente”, aseveró que “la esperanza es construir el cambio a una vida digna”.
“La esperanza de cambio ha logrado romper el techo de la represión y la coacción”, recalcó.
En este contexto, en cárceles venezolanas hay puerta giratoria para la entrada y la salida de opositores, por detenciones arbitrarias, temporales y selectivas. El Foro Penal, organización venezolana no estatal de Caracas dedicada a la defensa de los derechos humanos, reportó que al 8 de julio contabilizó 287 prisioneros políticos: 30 son mujeres, 154, militares y 160 esperan condena.
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Sin entrar en detalles sobre las nuevas víctimas, el foro informó que, al 16 de julio, registró 301 presos de conciencia, para un aumento de 14 casos en sólo ocho días que coincidieron con las etapas finales, culminantes y decisivas de la campaña.
Para fuentes de la oposición venezolana, sometidas al silencio por el riesgo de sufrir represalias y de pasar a la fuerza temporada indefinida en prisión, el objetivo del oficialismo parecería desatar el miedo entre el pueblo. “Las intimidaciones de Maduro y de su régimen sólo encuentran eco en sus fanáticos seguidores”, aseguró a este diario el centro-izquierdista expresidente costarricense Luis Guillermo Solís (2014-2018).
“En América Latina y Europa, incluso los políticos progresistas y varios presidentes socialistas, han repudiado las declaraciones de Maduro y dejaron claro que el resultado de las elecciones debe respetarse y no verse oscurecido por actos fraudulentos o poco transparentes como los que se han puesto en práctica desde hace meses”, puntualizó.
Tras destacar que “la contundencia de la victoria opositora parecería irrefutable e irreversible”, aclaró que “ni siquiera la voluntad del régimen podrá prevalecer. Creo que ‘no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora’. La hora de la democracia en Venezuela ya no puede postergarse”.