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Caracas.— Venezuela rechazó ayer las sanciones que Estados Unidos impuso al opositor disidente Luis Parra, elegido presidente de la Asamblea Nacional con el apoyo del chavismo y una parte de la oposición, y a otros seis diputados, y las ha calificado de “ilegales” y “arbitrarias”.
“La República Bolivariana de Venezuela denuncia (...) la práctica ilegal por parte de la élite dominante de Estados Unidos, al pretender aplicar medidas coercitivas unilaterales contra servidores públicos venezolanos”, expresó el Ministerio de Exteriores.
Asimismo, Caracas consideró que las sanciones tienen el fin de “interferir y socavar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas del país”, e insisitió en que, con ellas, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende “ocultar su manifiesto fracaso en su intento por imponer un cambio de gobierno por la fuerza”.
A juicio de Venezuela, las sanciones profundizan en la “intromisión en asuntos internos” del país, al punto, “de inmiscuirse en asuntos exclusivos del Parlamento, con la insólita intención de designar desde Washington autoridades del Poder Legislativo”.
“Estas gravísimas acciones unilaterales son contrarias al derecho internacional y atentan contra la estabilidad, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano”, denunció el régimen del presidente Nicolás Maduro.
Caracas instó “a toda la comunidad internacional” a “proteger los sagrados principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a siete “oficiales corruptos de la Asamblea Nacional” por “bloquear el proceso democrático en Venezuela”. Además de a Parra, sancionó a los diputados José Dionisio Brito, Negal Manuel Morales, José Gregorio Noriega, Adolfo Ramón Superlano, Franklyn Duarte y Conrado Pérez. EU los acusa de “liderar el intento de tomar ilegítimamente el control de la Asamblea Nacional e impedir al líder opositor, Juan Guaidó, y a otros diputados que participaron en una elección”.
