Desde que en 2018 un fiscal federal del estado de Nueva York informó sobre hallazgos que comprobaban para fortalecer un proceso en contra del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, este funcionario no ha dejado de hacer su real y santa gana contra el periodismo continental y contra la libertad de prensa en la sufrida Venezuela.
La demanda por difamación para El Nacional finalmente en 2020 se dicta en sentencia firme por el equivalente a un dólar. Con sus influencias el prepotente presidente de comisión de reforma del tribunal judicial, el mismo Cabello, logró que el TSJ cambiara bajo nuevos parámetros de indexación y terminó sentenciando por el equivalente a 13 millones de dólares a El Nacional. Por esos días, en mayo del 2021 se viene un allanamiento a las instalaciones físicas del periódico siendo desde entonces, tomadas militarmente sacando a propios y ajenos al periódico, tomando y ocupando por la fuerza el inmueble.
Por si fuese poco, y en flagrante nepotismo, una jueza interina hermana del contralor general de la República, le pone un valor al inmueble por 10 millones de dólares y al mismo tiempo se lo traspasa en propiedad a Diosdado Cabello. ¿Dónde está el de respeto a la propiedad privada en un país donde el Estado de derecho es ya inexistente, donde el atropello a las libertades más elementales como la libertad de expresión garantizada en la constitución de Venezuela se vienen al suelo en un abrir y cerrar de ojos?
Ahora nos enteramos que Cabello va a tras la página web de El Nacional bloqueando su señal en las empresas telefónicas, a cielo abierto sin justificación, sin orden judicial y sin explicaciones.
¿Hasta cuándo Venezuela? ¿Hasta cuándo América latina? ¿O es que acaso vivimos en la Edad de Piedra? Antes de que sea muy tarde América Latina que se vea en el espejo venezolano.
Por José Roberto Dutriz, presidente y director general de La Prensa Gráfica y presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
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