El Ministerio Público (MP) de Venezuela anunció ayer la designación de dos fiscales para investigar a los “traidores a la patria” que respaldaron las sanciones económicas contra el país caribeño adoptadas por Estados Unidos el viernes pasado, que fueron aplaudidas por la oposición venezolana.
“Hemos designado en este caso también, dos fiscales del MP que van a investigar estos hechos y sepan ustedes algo (...) qué interesante que prácticamente el primer artículo (del Código Penal) cuando usted comienza a leer te habla de estos supuestos que usted ha señalado, de traición a la patria”, dijo el fiscal general, Tarek Saab.
Dos días después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobara iniciar un “juicio histórico” contra los “traidores a la patria” que pidieron y apoyaron las sanciones, el fiscal explicó que la investigación se centrará en quienes hicieron un “escandaloso llamado a intervención militar, no sólo a bloqueo económico”.
Saab hizo este anuncio en una rueda de prensa en la sede del MP en Caracas, en la que resaltó la gravedad de la postura de la que el oficialismo acusa a la oposición, que sí ha respaldado las sanciones pero rechazó la “opción militar” para Venezuela que dijo contemplar el presidente estadounidense, Donald Trump.
Además, Saab dijo que la fiscalía investiga un “espectacular” sobreprecio en una decena de contratos en el área donde se encuentran las mayores reservas de crudo del país. Adelantó que las pesquisas preliminares muestran que 200 millones de dólares fueron malversados en el caso, que incluye a 10 empresas a las que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) le adjudicó licitaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco. “En la primera pesquisa pudimos ver un sobreprecio de 230%”, dijo Saab en rueda de prensa. “Un importante y espectacular sobreprecio”, insistió, y acusó a su antecesora, Luisa Ortega, de complicidad por no haber investigado ese caso.
Por su parte, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocó a todos los sectores productivos del país y a los ciudadanos a participar en un diálogo para revertir el modelo rentista petrolero del que culpan por los graves problemas económicos del país. Los constituyentes dictaron un “decreto de convocatoria al diálogo nacional constituyente para la economía productiva y diversificada”.
Ayer mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por las decisiones de la ANC venezolana, subrayando que “exceden” sus competencias y “usurpan” las del Parlamento.
El proceder de la ANC, advirtió, “afecta la separación de poderes y la democracia representativa”, y urgió al gobierno de Nicolás Maduro a “cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
