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Caracas.— Venezuela creará una policía migratoria y emitirá pasaportes que serán pagados en “petros”, la criptomoneda creada por el gobierno, dijo ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en momentos en que millones de habitantes han abandonado el país afectado por una crisis económica.
La nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que hasta ahora disponía de la Guardia Nacional como fuerza encargada de la seguridad en las fronteras, vive un éxodo de venezolanos que escapan de la recesión e hiperinflación.
Unos 2.6 millones de venezolanos han dejado su patria para dirigirse principalmente a Sudamérica, según Naciones Unidas. El presidente Nicolás Maduro dice que las cifras están infladas y que no más de 600 mil venezolanos han abandonado su tierra en dos años.
Rodríguez no explicó las razones para la creación de la nueva fuerza ni dio detalles sobre su estructura.
Sólo indicó que cumplirá funciones de “seguridad ciudadana” y “control migratorio”, y operará en 72 puntos de control que existen en las fronteras, los puertos y los aeropuertos. La vicepresidenta dijo que “el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantendrá las competencias en materia de identificación de los venezolanos y extranjeros”.
Agregó que partir del próximo lunes y hasta el 1 de noviembre el costo por la emisión de un nuevo pasaporte será de 7 mil 200 bolívares, o unos 62.2 dólares a la tasa de cambio del mercado paralelo. El salario mínimo mensual es de mil 800 bolívares, o unos 15 dólares a esa misma tasa.
Dijo que luego de esa fecha, el valor será equivalente a dos petros, el nombre de la moneda digital lanzada en febrero por el gobierno y difícil de detectar casi en cualquier parte. Rodríguez recordó que desde noviembre regirá el petro, cuyo valor el gobierno ubicó en 60 dólares, para el cobro de productos como la gasolina de los aviones y transacciones inmobiliarias, entre otros, de ahí que los pasaportes también se regirían por ella.
También ayer se anunció que la justicia peruana dejó sin efecto la decisión del gobierno de exigir pasaporte a los migrantes venezolanos que llegan al país.
La Corte Superior de Justicia de Lima admitió un habeas corpus presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por haberse vulnerado el derecho constitucional al libre tránsito de migrantes venezolanos, que podrán seguir ingresando al país solo con cédula.
El tribunal también dio “un plazo de 30 días a las autoridades para elaborar un Plan Nacional Estratégico que regule la movilidad migratoria de ciudadanos de ese país”.
La resolución pide garantizar los derechos fundamentales de los inmigrantes venezolanos. Óscar Pérez, de Unión Venezolana, dijo a la radio RPP que la noticia “la toman con mucha cautela porque respetan las decisiones del estado peruano”.
El superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla, explicó que en Perú hay actualmente unos 456 mil venezolanos, una décima parte de los cuales son menores de 15 años.
La imposición del requisito del pasaporte y la fijación de un plazo hasta el 31 de octubre para solicitar el Permiso Temporal de Permanencia han contribuido a reducir el ingreso diario de venezolanos, explicó el funcionario.
