Venezuela, caos y duplicidad de poderes

San José
El mapa del caos institucional de Venezuela exhibe dos presidentes del gobierno y dos del Parlamento, con dos cuerpos legislativos de un sistema unicameral, dos fiscales generales —uno en el exilio— y dos tribunales supremos de justicia —uno en Estados Unidos— con sus respectivos jerarcas.

Venezuela es la nación del planeta que sufrió el retroceso más grave en sus instituciones políticas entre 1996 y 2018, aseguró el Estado Global de la Democracia, un informe emitido en 2019 por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), organización intergubernamental de promoción de la democracia con sede en Suecia.

El exvicepresidente costarricense Kevin Casas, secretario general de IDEA, tildó de “vergüenza” lo sucedido el pasado domingo en la Asamblea Nacional de Venezuela, con una violenta maniobra oficialista para despojar a la oposición del mando legislativo y nombrar al diputado Luis Parra, desertor de las filas de Juan Guaidó, como presidente parlamentario.

“Es sólo la continuación de una tragedia de 20 años”, dijo Casas. Venezuela “es el único país que en dos décadas pasó de tener altos niveles de gobierno representativo a ser una dictadura”, adujo, consultado por EL UNIVERSAL.

El estudio mostró que, de 1996 a 2018 y en escala de 0 a 1, Venezuela bajó de 0.70 a 0.29 en gobierno representativo, de 0.62 a 0.39 en derechos fundamentales, de 0.68 a 0.25 en controles sobre el gobierno y de 0.58 a 0.08 en administración imparcial. Con la Asamblea dominada por la oposición desde 2016, Guaidó juró el 5 de enero de 2019 a su presidencia y el 23 de ese mes se proclamó presidente interino del país al alegar que Nicolás Maduro se reeligió en mayo de 2018 en comicios ilegítimos para un segundo sexenio consecutivo a partir del 10 de enero del año anterior.

Guaidó asumió el cargo basado en un artículo constitucional que, por vacante, transfiere la presidencia de Venezuela al presidente legislativo, fue reconocido por más de 50 países y prometió cesar la usurpación de Maduro, formar gobierno provisional y convocar a elecciones democráticas. Maduro replicó que su reelección fue legal.

Venezuela cumplirá este mes un año con dos presidentes del gobierno: Maduro con mando real gubernamental, judicial, electoral, militar, policial y de una mayoría de la maquinaria política e institucional estatal y municipal, y Guaidó, reelecto el domingo anterior por sus diputados leales como jerarca legislativo para mantener la presidencia interina, reafirmado como símbolo de resistencia.

Así, Venezuela tiene dos presidentes legislativos: Guaidó y Parra, cada uno con su propio bloque de legisladores. Un escenario similar afectó a partir de 2017 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con una sede en Caracas y otra en el exilio en Washington.

El oficialista Maikel Moreno fue nombrado presidente del TSJ en febrero de 2017 y en julio de ese año, con Maduro, desconoció a los nuevos magistrados juramentados por los opositores en la Asamblea.

Víctimas de persecución, los magistrados huyeron e instalaron, en octubre de 2017, un TSJ en el exilio en la Organización de los Estados Americanos en EU, presidido por Miguel Martín.

También hay dos fiscales generales. El oficialismo nombró a Luisa Ortega en 2007; sin embargo, a mediados de 2017 chocó con su antigua aliada y en agosto de ese año la destituyó por el oficialista Tarek William Saab. La Asamblea ratificó a Ortega, quien huyó para operar como fiscal general en el exilio.

La debacle institucional sobrevino paralela a la socioeconómica. Maduro culpó a EU de la hiperinflación y del generalizado desabasto de medicinas, alimentos y artículos básicos.

Con un éxodo al exterior de 5 millones de personas en más de cinco años, la pobreza golpea a 85% de los casi 27 millones de venezolanos reacios a migrar, según organizaciones privadas académicas y sociales de Venezuela.

El (no estatal) Observatorio Venezolano de Violencia, de Caracas, añadió un dato explosivo: Venezuela se consolidó como el país más violento de América, aunque el número de muertes violentas bajó de 23 mil 47 en 2018 a 16 mil 506 en 2019, con 60 por cada 100 mil habitantes y más que El Salvador, Honduras, Colombia, México y Brasil.