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Caracas. La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela -controlada por el chavismo- aprobó este jueves una ley que ordena penas entre 25 y 30 años de prisión, y multas de hasta un millón 55 mil 680 dólares para las personas que promuevan o estén implicados de cualquier manera en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y “autoridades” del Estado.
La 'Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela‘, que deberá ser firmada por el presidente Nicolás Maduro para su entrada en vigencia, incluye también inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos “delitos”, lo que impedirá a los sancionados a optar por cargos públicos o de elección popular.
“Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...) será sancionada con prisión de 25 a 30 años“, recoge uno de los artículos de esta ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para reforzar sanciones.
La ley castiga también con idénticas penas a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza” contra el país caribeño.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que “afecten a la República Bolivariana de Venezuela” también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiera más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.
Este nuevo marco legal también define como “acciones que ponen en riesgo la soberanía” el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que “simulen” representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos gobiernos.
Además, se crea un registro nacional de personas bajo “presunción fundada” de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta o, en el caso de extranjeros, de ser expulsados del país y sometidos a una “extinción de dominio” para que el Estado le despoje de bienes en el territorio nacional.
La legislación venezolana responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas. El texto necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
La legislación en discusión en el congreso estadounidense, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), veta la firma de contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, considerado “ilegítimo” por Washington, o con cualquier otro “no reconocido como legítimo”.
Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a Venezuela en su intento por sacar del poder a Maduro, proclamado reelecto el 28 de julio para un tercer mandato (2025-2031) entre denuncias de fraude de la oposición.
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