San José.— “Opacidad y secretismo”, anticipó la educadora y activista social venezolana Deborah Van Berkel, coordinadora de Ideas para la Democracia, una institución no estatal de Venezuela de monitoreo y análisis político. “Compleja situación”, advirtió la abogada venezolana Laura Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), institución no estatal de Estados Unidos para la defensa de los derechos humanos en el hemisferio occidental.
Las dos interpretaron para EL UNIVERSAL la medida que el régimen del cuestionado presidente de Venezuela, el izquierdista Nicolás Maduro, y al amparo de su monopolio del poder, adoptó el martes para impedir que la Unión Europea (UE) envíe una comitiva de observación para los comicios presidenciales del próximo 28 de julio en ese país.
“Son momentos decisivos y aún cargados de incertidumbre para la sociedad venezolana sobre cómo avanzará este proceso”, relató Van Berkel. El Consejo Nacional Electoral (CNE), el árbitro de los comicios que está bajo control del régimen, anunció el 28 de este mes que anuló la invitación a la UE para que despliegue una misión de observación del proceso del 28 de julio.
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En lo que se creía flexibilizaría sus nexos con Caracas, la UE canceló, el 13 de mayo pasado, la negativa de ingreso a Europa para el presidente del CNE, Elías Amoroso, y tres funcionarios venezolanos, pero decidió mantener en esa lista negra de restricción de viaje a 50 dirigentes del régimen de Maduro hasta enero de 2025. La UE sancionó a Venezuela por violentar la democracia y los derechos humanos y en 2017 le dictó un embargo de armas.
Al justificar el retiro de la invitación, Amoroso acusó el miércoles a la UE de “actitud hostil e irrespetuosa” contra Venezuela”.
Caracas exigió el retiro total y no parcial de las sanciones.
La UE instó a Venezuela a reevaluar la medida, adoptada con carácter irrevocable, y adujo que “el pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional”. Los europeos pidieron respeto al pacto que oficialistas y opositores firmaron, el 17 de octubre de 2023, en la caribeña isla de Barbados para garantizar comicios libres y limpios en 2024 y que incluyó invitar a una misión técnica de observación electoral de la UE.
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Excluir a la UE “viola” el pacto de Barbados y “pone en una compleja situación a las misiones de observación que ya han recibido invitación y han firmado memorandos de entendimiento” con el CNE, alertó Dib, de WOLA. “Venezuela debe regresar a la ruta electoral y asegurar la transparencia de estos comicios y los compromisos acordados anteriormente”, solicitó.
Una comitiva del (no estatal) Centro Carter, instancia estadounidense encabezada por el expresidente demócrata James Carter (1977-1981), sería la única independiente y creíble con presencia en comicios de Venezuela. Otras, como una de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), estarían signadas por sus preferencias ideológicas hacia Maduro, candidato presidencial por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la más importante fuerza chavista.
El opositor derechista venezolano Edmundo González, candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición antichavista, apareció en varias encuestas como favorito para derrotar a Maduro. La PUD rechazó la exclusión de la UR y garantizó que ese acto tampoco evitaría la victoria de González. Al describir un escenario electoral “de opacidad y secretismo”, Van Berkel relató que “son momentos decisivos y aún cargados de incertidumbre para la sociedad venezolana sobre cómo avanzará este proceso. De lograr la candidatura de la oposición democrática [González] ganar próximas elecciones, se abre un difícil periodo de transición”.
El presidente electo asumirá el 10 de enero de 2025 y serán más de cinco meses “muy exigentes para dinámicas de diálogo y negociación, tomando en cuenta que todos los demás poderes seguirán estando dominados por el chavismo-madurismo”, anticipó. “El seguimiento y cercanía de la comunidad internacional seguirá siendo vital para apoyar a la sociedad venezolana hacia un proceso sostenible a la democracia”, aclaró.
Al destacar que “es evidente que mientras se insiste en seguir este camino, cerrando o torpedeando condiciones democráticas del proceso electoral, aumenta la voluntad de la gran mayoría de venezolanos por el cambio”; enfatizó que “en la sociedad venezolana se ha venido construyendo y consolidando un movimiento ciudadano por el cambio”.