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San José/Lima.— El expresidente peruano Pedro Castillo formalizó ayer su solicitud de asilo al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, una decisión que levantó críticas y rechazo en Perú.
Fuentes políticas en la capital del país sudamericano confirmaron a EL UNIVERSAL que la solicitud de Castillo carece de asidero en la Convención sobre Asilo Diplomático, promulgada en Caracas en 1954, porque el exgobernante enfrenta numerosas causas por presuntos delitos penales que debe enfrentar ante la justicia peruana.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, se entrevistó ayer con Castillo en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional en Lima. Un juzgado le dictó ayer siete días de prisión preliminar a Castillo bajo cargos de rebelión y conspiración, luego de que el exmandatario ordenara el cierre del Legislativo, que ignoró la orden por ser ilegal y lo destituyó por incapacidad moral, al tener acusaciones de supuesta corrupción con dineros públicos.
Ebrard difundió la carta redactada por el abogado de Castillo, Víctor Pérez, en la que éste señala que su cliente es víctima de una “persecución infundada”, con “carácter político”, por parte de la justicia peruana. La misiva de Pérez denuncia que los órganos de justicia pretenden procesar al exgobernante “por meros anuncios de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal”. Están creando un “clima de indefensión extrema y de persecución” contra todo aquel “que piensa diferente del grupo oligárquico”.
En su conferencia matutina, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó que su gobierno está dispuesto a otorgar asilo a Castillo y reveló que éste ya lo había pedido en una llamada telefónica el miércoles. “Habló aquí, a la oficina, para que me avisaran que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. Que iba a solicitar el asilo, que si le abrían la puerta de la embajada”, señaló. López Obrador manifestó que Castillo fue víctima de un “golpe blando” en el que, a su juicio, participaron medios de comunicación y las “élites económicas y políticas” peruanas. Ebrard dijo que México ya inició consultas con las autoridades de Perú sobre la gestión de Castillo.
Sin embargo, el médico Luis Solari, exprimer ministro de Perú, excongresista y analista político internacional, aseguró a este diario que el artículo tercero de la Convención de 1954 de Caracas establece claramente que “no es lícito” otorgar asilo a personas que al tiempo de solicitarlo están acusadas de cometer delitos comunes. “Castillo habría cometido delitos comunes. Tiene 50 carpetas por presunta corrupción en el Ministerio Público [Fiscalía General] que no han podido avanzar porque, como presidente, había tenido protección [inmunidad] de la Constitución Política de Perú”, explicó.
Castillo fue destituido por el Congreso al fracasar en la mañana en ejecutar un golpe de Estado, imponer un gobierno de excepción, disolver el Poder Legislativo y dictar otras medidas de ruptura del orden constitucional para anticiparse al proceso parlamentario de vacancia por corrupción previsto para ese día en sesión vespertina.
Solari recordó que, a los procesos por aparente corrupción de Castillo, se sumarían los que habría cometido por el intento de golpe de Estado y todas sus secuelas de violaciones constitucionales. Un aspecto a aclarar es “quién autorizó al embajador de México en Perú a visitar a Castillo. ¿Cómo y por qué se dio esa visita?”, puntualizó.
Acerca del pedido de asilo, alertó que “me extraña que un país como México, con tanta tradición de asilo, no conozca que no se puede dar asilo bajo la Convención de 1954 a una persona que esté acusada de delitos comunes, a menos que la Cancillería mexicana no tenga la información completa de lo que está pasando con Castillo por delitos comunes.
“Lamento que con esta conducta de México con relación a Perú se ponga a las personas detenidas por delitos comunes, como Castillo, por delante, en vez de prevalecer primero el interés de las relaciones entre México y Perú. Lo que proclamamos en el caso de Castillo es no a la impunidad en delitos penales flagrantes”, subrayó. “Y también los delitos que habría cometido por atentar contra el orden constitucional, que es algo gravísimo. Gestionar un pedido de asilo en estas condiciones es muy malo para las relaciones interamericanas y para el resto de los tratados internacionales”, recalcó.
El abogado Fabián Novak coincidió. En declaraciones a El Comercio, comentó que no hay razones para que se otorgue el asilo. En primer lugar, debido a que Castillo violó la Constitución. “No hay ningún fundamento ni razón para que ningún país del mundo y que se dice democrático pueda otorgarle el asilo a esta persona”, dijo.
“El asilo se otorga cuando hay temor fundado en que esté en peligro la vida e integridad de la persona por razón de sus ideas, una persecución política, ideológica, que en este caso no existe. No hay ninguna persecución”, subrayó.
Inicia diálogos
La nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, inició una ronda de diálogo con los voceros de los grupos progresistas Cambio Democrático y Perú Bicentenario, del fujimorista Fuerza Popular y de los conservadores de Somos Perú y Avanza País, en sintonía con su llamado a “trabajar en unidad por el bien de los peruanos”. Además, dijo que espera a López Obrador “con los brazos abiertos” para recibir la Presidencia temporal de la Alianza del Pacífico.
Países de la región, así como España, llamaron a respetar el Estado de derecho y la democracia en Perú. En Colombia, el presidente izquierdista Gustavo Petro dijo que Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución que permite disolver el Congreso, que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. “La antidemocracia no se combate con antidemocracia”, dijo.
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