San José.— La peruana Lilia Paredes, esposa del destituido expresidente peruano Pedro Castillo, quedaría expuesta a que Perú pida a México su extradición si un juzgado de su país acepta la solicitud de dictar orden de prisión preventiva presentada el jueves pasado en su contra por supuesta corrupción política, confirmaron ayer fuentes oficiales en Lima.
El Ministerio Público de Perú (Fiscalía de la Nación) pidió el jueves al Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de Lima, que imponga prisión cautelar a Paredes, pieza crucial del caso que la justicia peruana desarrolla contra Castillo por supuestas irregularidades cometidas con dineros públicos en sus 16 meses de gobierno y que precipitaron su caída. “Si el requerimiento de prisión preventiva a Paredes es declarado fundado, se solicitará su captura internacional y se solicitará su extradición”, explicó una fuente judicial peruana que habló con EL UNIVERSAL bajo rango de anonimato. El proceso se realizaría bajo el Tratado de Extradición entre México y Perú, suscrito en 2000 y en vigencia desde 2001.
El fiscal peruano Jorge García alegó ante el Juzgado que el Ministerio Público desistió de una medida inicial de impedimento de salida contra Paredes, por estar ya en México, pero planteó prisión preventiva en su contra y de sus hermanos, Walter y David. El juez peruano Raúl Justiniano, a cargo del Juzgado, deberá fijar fecha de una audiencia en la que la Fiscalía sustentará su pedido y la defensa técnica de Paredes planteará sus argumentos para oponerse.
Paredes y los hijos de la pareja, Arnold y Alondra, llegaron el 21 de diciembre anterior a México como asilados al ingresar a la embajada mexicana en Lima en medio de la crisis que estalló el 7 de ese mes luego de que Castillo intentó sin éxito disolver el Congreso de Perú y gobernar por decreto.
Tras el fallido golpe de Estado, el Congreso destituyó ese mismo día a Castillo, lo reemplazó en la presidencia por su vicepresidenta, Dina Boluarte, y la policía peruana lo arrestó para someterlo a proceso judicial. La esposa de Castillo y los dos menores consiguieron entrar a la embajada mexicana.
El 20 de diciembre y a pedido del gobierno mexicano, Perú entregó los salvoconductos a Paredes y a los dos niños para que viajaran a México. Al entregar esos documentos, el gobierno peruano alertó que los otorgó “con reserva del derecho” de pedir la extradición de Paredes.
Castillo quedó preso el 7 de ese mes al ser sustituido por el Congreso en la presidencia por Dina Boluarte como vicepresidenta. Castillo fracasó en asilarse ese día en la Embajada de México en Lima y, ahora con 18 meses de prisión preventiva, enfrentará 50 causas penales por supuesta corrupción.
La crisis peruana tensó el nexo de México y Perú. El 20 de diciembre, Boluarte declaró persona “non grata” al embajador mexicano en ese país, Pablo Monroy, y acusó que “las continuas y reiteradas declaraciones” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son “una inaceptable injerencia en asuntos internos, en clara violación al principio de no intervención”.
México se negó a reconocer a Boluarte y el 12 de diciembre, con Argentina, Colombia y Bolivia, ratificó a Castillo como presidente de Perú y adujo que fue electo por el pueblo en los comicios de 2021. Boluarte acusó a México de entrometerse en asuntos internos de Perú, pero el gobierno mexicano rechazó esos cargos.
García defendió que el requerimiento de arresto preventivo a la exprimera dama está “debidamente motivado y fundamentado” y describió que la gestión respondió “a las circunstancias que se han conocido en los últimos 30 días” y que incrementaron “de manera repentina y elevado el peligro procesal”.
“También debe tenerse en cuenta el avance de las investigaciones (...) que vinculan e incrementan los graves y fundados elementos de convicción que relacionan a las personas a la comisión de graves hechos delictivos que se imputan en su contra”, subrayó.
Los Paredes son indagados como miembros de una supuesta organización criminal que habría sido dirigida por Castillo, con su esposa como coordinadora de una red con funcionarios designados por el ahora exgobernante, para lograr beneficios financieros ilegales con licitaciones fraudulentas de obras públicas, según la Fiscalía.
Yenifer, hermana menor de la esposa de Castillo y reconocida como hija por el exmandatario, está aparentemente envuelta en el escándalo y permaneció presa dos meses en Lima en un presidio femenino en 2022.
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