San José. – La familia y la defensa legal del piloto mexicano Luis Eduardo Gómez Mendoza, condenado a 10 años de cárcel en Costa Rica por lavar dinero para una organización del narcotráfico internacional, negaron los cargos que pesan sobre su familiar y cliente, y adujeron que la justicia costarricense cometió una “aberración jurídica y probatoria”.
Al insistir en la inocencia de Gómez y del piloto mexicano José Humberto Benavidez Muñoz, procesado en la misma causa y sentenciado también a 10 años de prisión, la parte defensora insistió en que ninguno de los dos tiene “condenas ni causas pendientes o en investigación en materia de narcotráfico en México”.
En consecuencia “no se puede derivar la vinculación de estos con alguna organización dedicada al narcotráfico, o a la legitimación de capitales”, recalcaron en documentos judiciales y demás testimonios e informes técnicos que entregaron a EL UNIVERSAL .
La defensa planteó una gran cantidad de elementos para tildar el veredicto como una aberración.
Tras un juicio que empezó el pasado 21 de junio y culminó el 5 de agosto, el Tribunal Penal de Pavas, de esta capital, aceptó el alegato de la Fiscalía General de este país acerca de que los dos mexicanos “mantuvieron vinculaciones con una organización criminal internacional, dedicada a traficar droga y a legitimar capitales entre México y Costa Rica”.
Los dos pilotos fueron detenidos el 5 de julio de 2019 al ingresar al aeropuerto internacional Tobías Bolaños, de esta ciudad, a bordo de una avioneta en la que se les acusó de ocultar 84 mil dólares en efectivo.
Asesoría
La familia de Gómez negó lo que, en el juicio, el Tribunal consideró como argumento válido de la Fiscalía en el sentido de que Gómez fue “asesor de planta” del Congreso de la Unión de México.
“En el juicio se demostró que Gómez Mendoza era asesor del Parlamento Federal de México”, recalcó la Fiscalía, en un comunicado oficial del que este diario tiene copia.
La mexicana Luz María Mendoza, madre del piloto, desmintió la versión de la Fiscalía y explicó a este periódico que su hijo “está como asesor externo”, pero sin ser empleado del Congreso.
Mendoza narró que en la actualidad trabaja con el diputado federal Eraclio Rodríguez Gómez, del izquierdista y pro-oficialista Partido del Trabajo (PT), y que funge como secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria del Congreso.
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Por esas funciones, que finalizarán el próximo 31 de agosto al finalizar la actual legislatura, “mi hijo nos servía como piloto de aviación cuando íbamos de gira. Pero su sueldo no salía de los dineros del Congreso, sino que salía de la bolsa del diputado Rodríguez. Por eso, él es asesor externo, no de planta”, aclaró Mendoza en una conversación vía WhatsApp.
A consultas de este medio ante los desmentidos de la familia de Gómez, la Fiscalía ratificó que en la vista oral y pública que se llevó a cabo de junio a agosto se probó plenamente la vinculación del piloto con la instancia federal legislativa de México.
Pruebas contra Gómez Mendoza
La defensa de Gómez argumentó que tampoco se probó la acusación de la Fiscalía de que los dos pilotos “mantuvieron vinculaciones con una organización criminal de carácter internacional dedicada a actividades de narcotráfico y legitimación de capitales, con presencia al menos en México y Costa Rica”.
“Este hecho no se probó- No se trajo prueba al debate tendiente a demostrar este punto”, insistió.
La Fiscalía, prosiguió, “parte de un argumento no probado, que es la pertenencia de Luis Eduardo y José Humberto a una organización criminal dedicada al narcotráfico, y legitimación de capitales con presencia en México y Costa Rica. Lo que hace que este argumento sea falaz ya que incurre en la falacia de causa falsa”.
La defensa desestimó el alegato de la Fiscalía de que los dos mexicanos “aprovechando su condición de pilotos de aviación, tenían como función el traslado de sumas de dinero provenientes del narcotráfico desde México hasta Costa Rica, con la intención de que una vez en suelo nacional, dichas sumas dinerarias fueran insertadas en la economía costarricense”.
Ese aspecto “se fundamenta en una hipótesis, que tiene un error de argumentación que es la falacia de causa falsa”, porque “se parte de la pertenencia” de Gómez a una organización criminal, aunque “dicha hipótesis no se probó”, aseveró.
“Por lo consiguiente indicar que Luis y José cumplían una función dentro de esa organización es falaz”, planteó.
Los oficiales de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, que efectuaron el operativo que culminó con el arresto de ambos, coincidieron como testigos en que “no se realizó ninguna investigación para determinar el origen del dinero”, indicó.
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“No se realizó investigación alguna para determinar el origen del dinero, no existe prueba directa, ni indiciaria que establezca un vínculo causal entre el dinero y un delito grave, un delito de narcotráfico”, adujo.
En el proceso, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes puntualizó repetidamente que los dos “mantuvieron vinculaciones con una organización criminal internacional, dedicada a traficar droga y a legitimar capitales entre México y Costa Rica”.
Según esa instancia acusadora, Gómez y Benavidez recibieron, antes del 5 de julio de 2019, un total de 84 mil dólares que “procedieron a trasladar desde México en avioneta”.
“Gómez y Benavidez escondieron el dinero debajo de los asientos delanteros de la aeronave, en un compartimiento no visible, oculto con bolsas plásticas que contenían fibra de vidrio y aluminio”, describió.
Luego de emitir la sentencia condenatoria, y a solicitud de la Fiscalía, el Tribunal aceptó mantener a los dos pilotos en prisión preventiva, mientras el fallo adquiere firmeza y pueda ser apelado en una siguiente etapa procesal.
jabf