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San José.— “Imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamamiento a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”.
Con esta frase, el presidente colombiano, Iván Duque, justificó el 22 de diciembre su decisión de excluir a los migrantes irregulares venezolanos en Colombia de la vacunación contra el Covid-19, en una medida por la que se le acusó de genocida y xenófobo. La alerta presidencial fue contundente: sin papeles, sin vacuna.
Si la política de Duque se aplicara al resto de América Latina y el Caribe, centenares de miles de seres humanos quedarían sin inmunizarse. La política de los gobiernos del área sobre inocular a irregulares todavía es confusa o indefinida.
“Por supuesto que no”, dijo Duque el 22 de diciembre a Blu Radio, de Bogotá, al preguntársele si se incorporaría a venezolanos irregulares. Al reafirmar que la preferencia será para colombianos y personas con doble nacionalidad (como la de Colombia), reafirmó que se excluirá a los irregulares porque, de lo contrario, el país quedaría expuesto al riesgo de “estampida” desde Venezuela.
“Ultimátum genocida”, acusó el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), al cuestionar a Duque sobre lo que pasaría si el gobierno de Estados Unidos emula esa práctica y se niega a inmunizar a los latinos en ese país.
“No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico. Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”, tuiteó el colombiano Alejandro Gaviria, ministro de Salud de Colombia de 2012 a 2018.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, repudió a Duque y aseguró que “es una discriminación terrible, una carga de racismo, xenofobia y de generación de odio contra migrantes venezolanos en Colombia. No lo podemos permitir”.
Migración Colombia informó a EL UNIVERSAL que una estadística del 17 de diciembre pasado mostró que de un millón 717 mil 352 venezolanos que están en ese país, 770 mil 246 son “regulares” y 947 mil 106, “irregulares”.
Una mayoría de los aproximadamente 6 millones de venezolanos que huyeron este siglo de la crisis socioeconómica y política de Venezuela residen “sin papeles” en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica y México, entre otros destinos. Chile y Costa Rica empezaron la inoculación el 24 y Argentina, el 29.
Miles de nicaragüenses están en la ilegalidad en Costa Rica y, en menor número, en Honduras. El flujo de haitianos sin visa de Haití a República Dominicana es incesante, como el de bolivianos y peruanos a Chile y Argentina, de ecuatorianos a Colombia, de colombianos a Panamá, de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos, venezolanos y cubanos a México y de africanos y asiáticos a toda la zona.
El asunto surgió luego de que el gobierno de México apeló a razones elementales de derechos humanos en salud, bienestar, vestimenta, alimento, vivienda y servicios sociales para criticar el martes al gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, por anunciar el lunes anterior que los indocumentados quedarán fuera.
La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica precisó a este diario que “no se ha emitido criterio alguno” acerca de si se dará a los irregulares. El Ministerio de Salud de Chile no respondió a las consultas de este periódico.
El Ministerio de Salud de Argentina entregó a este medio un plan emitido el 23 de diciembre que detalló que “las vacunas y el material descartable necesario serán provistos por el Estado Nacional para todos los que integren la población objetivo, independientemente de la cobertura sanitaria y su nacionalidad”.
En el plan no se aclaró si se evaluará el rango migratorio, sin importar la nacionalidad. El plan subrayó que entre las poblaciones prioritarias para aplicar el fármaco están los “migrantes”, aunque sin puntualizar si se incluirá a los irregulares.
