San José.— Traficantes de “ladrillos” o “prensados” paraguayos de marihuana perdieron compradores en Uruguay.
Como productores sin ninguna eficiencia de calidad en Paraguay, principal proveedor de cannabis ilegal en Brasil, Argentina y Uruguay, las mafias de suministro de las famosas piezas que proliferaron por décadas en el contrabando de esa zona pasaron de dominar 80% del negocio uruguayo en 2013 a 10% en 2020.
Cifras oficiales confirman que Uruguay registró en siete años una caída en el tráfico ilícito de marihuana, tras convertirse en el primer país del mundo en legalizar su siembra, producción y venta en un sistema de supervisión estatal que empezó en 2014, con una ley de 2013 que terminó de reglamentarse en 2017.
“La producción legal de flores secas de cannabis desplazó a los ‘ladrillos’ o ‘prensados’ paraguayos. La red de corrupción y crimen organizado se debilitó. La meta de atacar al comercio ilegal funcionó muy bien en Uruguay”, dijo Diego Olivera, exzar antidrogas de Uruguay.
Con la experiencia de que, de 2016 a 2020, fue secretario General de Drogas del gobierno de Uruguay, explicó a EL UNIVERSAL que “el modelo uruguayo fue el primero y se llevó adelante con bastante cautela.
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“No había otros para basarse y en algunos estados de la Unión Americana existían, pero basados en modelos de libre oferta y demanda.
“Aunque los privados participan, la ley le reservó al Estado uruguayo una vigilancia rígida del trámite de otorgar permisos para producir marihuana y venderla para empleo lúdico en farmacias reguladas. No ha habido problemas notorios de salud ni creció desproporcionadamente el número de consumidores”, aseguró Olivera.
Uruguay emergió como referente latinoamericano en el tema —decisión que México adoptó el pasado miércoles al avalar la utilización recreativa de la hierba— y se transformó en el más grande mercado del sicotrópico a nivel mundial.
Detalles
Emitida el 20 de diciembre de 2013 por el Senado y la Cámara de Representantes de Uruguay, la legislación definió la labor del Estado en “importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución” de marihuana y derivados para el exclusivo pasatiempo o vicio individual.
La ley precisó que cada familia puede cultivar un máximo de seis plantas de marihuana y las cooperativas del producto, hasta 99, y que, previa y obligada inscripción en un registro estatal, una persona mayor de 18 años tiene opción de obtener un tope de 40 gramos al mes.
El gobierno dispone del monopolio para venderla mediante farmacias privadas, por su pericia al manejar sustancias controladas en ambientes adecuados, aunque sometidas a un recuento de sus operaciones con marihuana.
Empresas privadas tienen a cargo la producción y sólo para entregar al gobierno.
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Miles
En un reporte del 19 de febrero de este año, el estatal Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) contabilizó 43 mil 851 individuos registrados como adquirentes del narcótico en 14 farmacias; 11 mil 630, con permiso para el cultivo doméstico y 5 mil 322 con membresía en 165 clubes, los cuales tienen, a lo sumo, 45 miembros que se pueden asociar para sembrar.
El Ircca fijó un precio, a partir del 1 de febrero anterior, del equivalente de unos siete dólares con 89 céntimos por un paquete de cinco gramos de flores secas de cannabis en las farmacias adheridas. Las fuentes de este periódico en Uruguay admitieron que la minoría que se abastece ilegalmente lo hace en zonas de esa nación que carecen de farmacias autorizadas, ya que el plan es incompleto y persisten trillos informales para satisfacer la demanda.
Estudios de la estatal Junta Nacional de Drogas de Uruguay, de los que este periódico tiene copia, evidencian que las transacciones en las cadenas de narcotráfico bajaron de 58% en 2014 a 18% en 2018 y a 11% en 2019, por lo que las tres vías de acceso legal —autocultivo regulado, club cannábico y farmacias— fueron las principales surtidoras de uno de cada tres clientes.
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La edad de inicio en el alucinógeno pasó de 18.3 años en 2011 a 20.1 en 2018 y se acercó en 2019 y 2020 a los 25 años, mientras que 40% de usuarios habituales que en un principio se resistió a inscribirse mostró anuencia a incorporarse a alguno de los tres mecanismos. “Transformar el problema de ilegal a legal tampoco implica eliminar por completo el ilegal, que siempre va a existir”, adujo Andrés Muñoz, expresidente del Colegio de Criminólogos de Costa Rica y analista de criminología del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuerpo policial del Poder Judicial de este país.
Consultado por este diario sobre el impacto de legalizar la marihuana con variantes por nación, Muñoz alegó que “quizás haya una mínima disminución en el tráfico, pero en el consumo no y su efecto en la salud. Es la apertura de trastornos que se potencian con los estupefacientes”.
Pese a que estaría “socialmente aceptada”, la marihuana “podría ser un paso a drogas más duras”, advirtió.