Menos de 650 días duró el último gobierno de Mariano Rajoy, emanado de una crisis política que durante los últimos años ha mantenido inestable al país. Un trance iniciado y concluido por los ofensivos casos de corrupción al interior de su administración y del Partido Popular (PP), del cual es el líder.
Los diputados españoles votaron una moción de censura que convirtió a Rajoy en el primer mandatario en ser removido de su cargo gracias a este mecanismo constitucional de control político. Pero si bien se le dejó fuera del gobierno, el proceso distó mucho de tener la contundencia necesaria para garantizar un próximo régimen con suficiente credibilidad. La democracia española inicia así una etapa de gran fragilidad en un entorno mundial ya de suyo suficientemente complejo.
La crisis política de estos días no puede entenderse si no nos remontamos a febrero de 2009 cuando la detención de un dirigente del PP destapó la cloaca del hoy conocido como caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción de que se tenga registro en España.
Tráfico de influencias, cohecho, fraude al fisco, lavado de dinero y asociación delictuosa fueron sólo algunos de los delitos que marcaron la historia de la política española en los últimos años. En 2015 los ciudadanos españoles mostraron su hartazgo por los partidos políticos, por la clase política y su podredumbre, y encontraron en las elecciones una válvula de escape. Podemos fue la principal fuerza que permitió romper con el histórico bipartidismo español —PP-Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— gracias a su discurso radical de izquierda.
Sin embargo, incluso en aquellas caóticas elecciones de 2015, el PP logró una ínfima mayoría que ante la falta de acuerdos dentro de la izquierda (PSOE y Podemos) sería suficiente para mantener a Rajoy algunos años más al frente. Pero su racha de suerte terminó. El conflicto entre Cataluña y el gobierno federal, así como la sentencia judicial emitida por la Audiencia Nacional el jueves 24 condenando a 29 empresarios y ex políticos del PP le dieron el tiro de gracia a su mandato y quizá también a su propio instituto político. Pedro Sánchez, líder del PSOE, se ha convertido en el nuevo presidente del país.
Tres serán los principales retos que enfrentará el nuevo mandatario: 1) Satisfacer las expectativas generadas durante el proceso de moción de censura en el que obtuvo el apoyo de los independentistas catalanes y vascos que, de esta manera, afianzan su propia agenda a la cual por cierto se ha opuesto abiertamente el propio Sánchez; 2) decidir la forma en que habrá de incluir a la izquierda radical de Podemos, encabezada por Pablo Iglesias en su próximo gabinete, pues su ayuda resultó fundamental para lograr la salida de Rajoy; y finalmente, 3) cumplir con su promesa de “recuperar la normalidad política e institucional, regenerar la vida democrática y atender las urgencias sociales” con una bancada de apenas 84 diputados de un total de 350.
Sánchez encabezará un gobierno con demasiados compromisos, poco margen de acción y tan frágil que seguramente se verá forzado a convocar a elecciones anticipadas antes de cumplir su mandato establecido para 2020. Sin embargo, visto en retrospectiva, la salida de Rajoy es sin duda una sanción política por la corrupción durante su gestión y del PP, aunque haya tardado más de nueve años en llegar. En España ganó la democracia, pero se mantiene en vilo su estabilidad y subsiste la incertidumbre.
Doctora en Derecho
