Inflación, proteccionismo y seguridad alimentaria 

La madre de todas las crisis es la alimentaria. Desde la antigüedad, las hambrunas y escasez de alimentos han estado al centro del auge y caída de las civilizaciones. Desde la antigua Mesopotamia hasta la moderna Ucrania, el control por los recursos vitales ha sido motivo de innumerables conflictos. En sus primeros 100 días, el enfrentamiento entre fuerzas rusas y ucranianas ha transformado el entorno económico y político global. Entre sus secuelas inmediatas, la guerra ha generado nuevas distorsiones en las cadenas de suministro de alimentos, que se agregan a las interrupciones de proveeduría global ocasionadas por la pandemia, propiciando niveles de inflación históricos. Sin embargo, la actual espiral inflacionaria y el aumento en los precios de alimentos también se atribuye a la implementación de medidas proteccionistas en el comercio internacional.

Desde que Rusia inició la guerra, 34 países han adoptado más de 100 restricciones a las exportaciones de alimentos y/o fertilizantes. Aunque algunas de estas medidas son de carácter temporal, sus repercusiones pueden agudizar y prolongar los efectos de la crisis. Ante la escasez de un bien, los gobiernos se ven tentados —algunos presionados— en prohibir su exportación o adoptar otro tipo de instrumentos restrictivos para controlar el suministro y/o la inflación. Esto representa un grave error. Si bien en el corto plazo estas acciones podrían contribuir parcialmente a la estabilización, invariablemente, reducir la oferta resulta en un aumento en los precios. Cuando se trata de un país líder exportador, como es el caso de Rusia, China e India, incluso se genera un efecto multiplicador. De hecho, el aumento significativo en los precios del trigo, maíz y el arroz, se explica por los obstáculos comerciales efectuados por estos tres países. Ello nos ilustra la gran asimetría en la producción global de alimentos y la imperante necesidad de generar canales de suministro resilientes para su distribución.

Como respuesta a este desbalance, en México se ha planteado la necesidad de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, este concepto no es más que ficción. La mayoría de los países necesitan de los mercados internacionales para alimentar a su población. Por ello, la solución debe ser a través de la cooperación internacional. La FAO estima que un tercio de las exportaciones agrícolas y alimentarias se comercializan a través de cadenas globales de valor. Esta idea contrasta con el viejo supuesto que las economías primarias no desencadenan en sistemas de integración comercial. Por consiguiente, una adecuada estrategia de seguridad alimentaria implicaría reconciliar a lo global con lo local. Como punto de partida, es indispensable promover políticas que garanticen el acceso a mercados e incentiven la facilitación del comercio. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, a raíz de los efectos económicos de la guerra en Ucrania, al menos 13.3 millones de personas en América Latina podrían verse empujadas a la pobreza e inseguridad alimentaria. Una crisis de esta naturaleza requiere una respuesta coordinada por parte de la comunidad internacional. Repetirlo pareciera perogrullada: pero no sólo lo funesto proviene del exterior, también las soluciones que permiten promover el desarrollo sostenible e integral de la población. Renata Zilli, investigadora y especialista en Economía Política Internacional. Investigadora en el European Center for International Political Economy (ECIPE)

La vertiente energética

La inflación generalizada a nivel global ha sido particularmente impulsada por el aumento en los precios de insumos energéticos —gasolinas, electricidad y gas natural— que consumen los hogares alrededor del mundo.

El alza en los precios de la energía comenzó desde la segunda mitad de 2021. Por un lado, se debió al relajamiento de las restricciones sanitarias para frenar los contagios de Covid-19, lo cual incidió en una mayor demanda de energéticos esenciales para la movilidad y la reactivación de actividades productivas: petróleo, gas natural y combustibles líquidos. Al tiempo, esta creciente demanda no pudo ser completamente satisfecha debido a que la pandemia había generado disrupciones en las actividades de producción de hidrocarburos y había desincentivado la inversión.

El estallido de la guerra en Ucrania agudizó la tendencia creciente en los precios de la energía. En primera instancia, el alza reflejó el riesgo percibido por los mercados de una probable interrupción en el gas y petróleo que Rusia provee al mundo y, en particular, a Europa. Este país es el mayor exportador global de gas natural y el segundo mayor exportador de petróleo y condensados. La Unión Europea depende de Rusia para satisfacer cerca de 40% de su consumo de gas natural e importa petróleo crudo ruso (para su uso en refinerías), así como diesel y otros combustibles derivados. En los días posteriores a la invasión, los precios del gas natural en Europa se dispararon en 50% y los precios del petróleo Brent rebasaron la barrera de 100 USD por barril por primera vez desde 2014.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos, Europa y sus aliados a las exportaciones petroleras de Rusia han mantenido las presiones al alza en los precios internacionales de petróleo. En Estados Unidos, la pandemia había traído ya una caída abrupta en las operaciones de refinación y en la producción petrolera. Así, la respuesta de los mercados frente a la invasión a Ucrania, aunado a las sanciones, contribuyeron a un aumento considerable en el precio de la gasolina, que superó la barrera histórica de cinco dólares por galón.

Si bien la probabilidad de una posible recesión en 2023 (percibida por un creciente número de actores económicos) ha afectado las expectativas sobre la demanda y precios de los combustibles fósiles, aún hay factores de riesgo que podrían mantener la volatilidad de los precios del petróleo y el gas natural. Primero, Estados Unidos y sus aliados aún discuten la posibilidad de imponer más sanciones a las exportaciones energéticas de Rusia. Por su parte, Rusia ha reducido significativamente el flujo de gas natural hacia Europa a través de gasoductos, elevando el riesgo de una crisis energética en dicho continente durante el invierno. Ricardo Smith Nieves, analista político y asociado Comex

El conflicto comercial con China

El alto nivel de inflación en Estados Unidos es el resultado de diversos factores internos y externos: por un lado, políticas monetarias excesivamente laxas y cadenas industriales y de suministro desarticuladas por la pandemia de Covid-19; por el otro, la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales a Rusia provocaron el aumento en el precio de los energéticos; además, la elevación de las tasas de interés no podrá paliar la inflación mientras la pandemia no haya sido plenamente controlada; finalmente, a las causas del incremento a la inflación se suman los efectos negativos del conflicto comercial con China impuesto por la anterior administración de Donald Trump desde 2018. En especial los aranceles de la Sección 301, que gravaron a miles de productos chinos valorados en ese momento en unos 370 mil millones de dólares, casi la totalidad del valor de las importaciones chinas.

La administración Trump confiaba que los aranceles impuestos forzarían a Beijing a realizar las reformas estructurales que Estados Unidos demanda, incluyendo una mayor apertura del mercado chino y menores niveles de control por parte del gobierno en la gestión económica china. Sin embargo, el resultado ha sido contraproducente para los intereses estratégicos estadounidenses. Si bien los aranceles forzaron una reducción del déficit con China, éste fue de apenas 11.8% en 2021 con respecto a 2018, año en que se impusieron los primeros aranceles y también marca el récord histórico del déficit. Sin embargo, dicha reducción ha estado más bien ligada al incremento de las exportaciones estadounidenses a China, que han crecido en 25.6%, entre 2018 y 2021, mucho más rápido que el crecimiento de las exportaciones estadounidenses al resto del mundo, de apenas 5.3% en el mismo periodo. La retracción de las importaciones de productos chinos ha sido de apenas 3.8%, en el mismo periodo.

Las peticiones de reducir los aranceles a China, al menos una parte de ellos, han sido constantes desde la época de Trump, y hoy, con una inflación galopante y descontrolada, se han convertido en un reclamo creciente para la administración de Biden. De tal suerte que los aranceles a China ocupan el centro de los debates cuando se buscan soluciones a corto plazo para moderar el incremento del costo de vida en el país.

No obstante, las posturas contrarias de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y de la Representante de Comercio, Katherine Tai, evidencian las diferencias al interior de la propia administración de Joe Biden. Esto refleja las contradicciones de la clase política estadounidense y las consecuencias adversas ante la ausencia de una estrategia coherente y realista hacia China.

Para Yellen, muchos de estos aranceles son “no estratégicos” y aumentan los costos para los consumidores y las empresas estadounidenses, mientras que para Tai, los aranceles son “una pieza importante de influencia” en la relación comercial entre Washington y Beijing. Se esperaba que el presidente Biden tomara una decisión al respecto en los primeros días de julio 2022, pero el temor de adoptar una acción que pueda ser percibida como debilidad frente a China, en un contexto político interno desfavorable, ha terminado por retrasar cualquier anuncio al respecto. Sergio Ley. Embajador en China (2001-2007)