El 26% de las mujeres de América Latina y el Caribe entre los 15 y los 49 años no pueden decidir sobre su propio cuerpo y esto se refleja en acciones comunes cómo usar anticonceptivos o en la posibilidad de negarse a tener relaciones sexuales, según refleja este miércoles el informe anual del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, en inglés).
El estudio "Mi cuerpo me pertenece: reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación" aborda la autonomía corporal en todo el mundo, definida como "poder tomar decisiones sobre el propio cuerpo sin temor a la violencia, sin coacción y sin que nadie decida sobre uno mismo".
Para medirlo, la agencia de la ONU encargada de la salud sexual y reproductiva se centra sobre todo en tres factores: el acceso a la salud, el poder elegir métodos anticonceptivos y el tener relaciones sexuales consentidas, aunque también incluye otros, como el matrimonio infantil o la esterilización forzada.
Los países de América Latina y el Caribe aprueban en los tres primeros factores, con una media del 90% de mujeres con acceso a salud, anticonceptivos y relaciones sexuales libres. En la contra está la tasa de embarazos adolescentes, el matrimonio infantil o la falta de educación sexual los hace caer hasta el 74%.
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Eso significa que 1 de cada 4 mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo en los 7 países estudiados para este indicador: República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y Panamá.
A nivel global, el informe apunta que únicamente el 55% de las mujeres de 57 países en vías de desarrollo (que representan una cuarta parte de la población mundial) están plenamente empoderadas para decidir sobre su cuerpo. El país que los encabeza es Ecuador (87%), por encima de Filipinas (81%) y Ucrania (81%).
Harold Robinson, director regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, afirmó en una entrevista con Efe que "Latinoamérica aparece en los datos que existen con un rezago significativo", con niveles altos de embarazo adolescente: 61 niñas embarazadas de 15 a 19 años por cada mil.
Esa es la tercera peor posición global tras África Occidental y Central (108) y África Oriental y Meridional (95).
Muchas veces se trata de embarazos fruto de relaciones sexuales entre niñas y hombres mucho mayores. "Latinoamérica también es una de las regiones con los niveles más altos del planeta de uniones tempranas", añadió en ese sentido Robinson.
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Según el estudio, que toma datos entre 2007 y 2018, el porcentaje de matrimonios infantiles en la región es del 25%, lo que afecta a una de cada cuatro niñas.
"Significa que el 25% de la población de la región está exponiendo su salud y comprometiendo sus opciones futuras", afirmó por su parte Neus Bernabeu, asesora de Género y Juventud de UNFPA en América Latina y el Caribe, durante la presentación regional del informe.
Muchas de estas relaciones están reforzadas por las normas y prácticas comunitarias. Como en Bolivia, República Dominicana o Venezuela, donde, según el estudio, existen leyes que permiten a los hombres condenados por violación eludir la condena si se casan con las mujeres.
¿Y cuál es la raíz del problema? "La desigualdad de género", la inequidad "frente a sus parejas, frente a sus propias familias y a la sociedad. Hay carencias legales y carencias en las prácticas culturales" aseveró el representante de la ONU.
Negarle a las mujeres y niñas decidir sobre su cuerpo tiene implicaciones enormes para su desarrollo y el de sus países: menos productividad económica de ellas, el menoscabo de sus habilidades y costos adicionales para los sistemas judiciales y de atención de la salud.
Entre las soluciones, Robinson insistió en la importancia de ampliar el actual 66% de normas existentes de atención, información y educación sexual integral en la región, lo que sitúa a América Latina y el Caribe en la segunda peor posición tras los Estados árabes (53%).
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Quizá pase por seguir el ejemplo de Uruguay (99), que sobresale en este indicador, siendo el segundo mejor país del mundo tras Suecia (100).
El poder de decisión de las mujeres, además, se vio disminuido con la irrupción del Covid-19, "que ha reducido aún más la autonomía y ha creado nuevas barreras en el acceso a la salud y en el aumento a embarazos no planeados, así como en la pérdida de empleo y educación", enfatizó Robinson.
Eso en una región donde todavía el 8% de las mujeres de 15 a 49 años se muestran insatisfechas con su planificación familiar, porcentaje que aumenta al 10% en el caso de las casadas o en unión libre, según el estudio.
La UNFPA no promueve la interrupción voluntaria del embarazo como un método de planificación, y tampoco tiene un mandato para promover su legalización, por lo que "el informe es consistente con esa posición", recordó el portavoz del organismo multilateral.
Poder decidir sobre uno mismo es una cuestión de dignidad y va de la mano del derecho a la integridad corporal, a poder "vivir libres de actos físicos de coerción o de la violencia sobre el cuerpo", según el estudio.
Y en eso, América Latina y el Caribe también suspende. "Somos los campeones mundiales del feminicidio, la expresión más brutal de la negación de la autonomía corporal de las mujeres", concluyó Robinson.
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