CARACAS.- La Unión Europea anunció este lunes una renovación por seis meses, y no un año, a las sanciones que impuso a decenas de funcionarios venezolanos acusados de socavar la democracia y de estar vinculados con violaciones de los derechos humanos. La decisión del bloque es a manera de concesión con el propósito de revaluar las medidas lo antes posible en caso de que se otorguen garantías de que los próximos comicios presidenciales sean libres y transparentes.
El gobierno venezolano, sin embargo, manifestó su desacuerdo.
En un comunicado divulgado horas más tarde, la cancillería venezolana catalogó de “arrogante e ilícita decisión de la UE”, mientras que el presidente Nicolás Maduro dijo en su programa semanal de radio y televisión, que “con sanciones o sin sanciones no van a detener a Venezuela”.
En el marco de la revisión anual de sus medidas, el Consejo de la UE ha “decidido acortar la duración de la próxima renovación de 12 a 6 meses” con miras a revaluar el posible levantamiento de las sanciones en función que se den “avances concretos, sostenibles y verificables con respecto a la situación en Venezuela”.
El organismo indicó en un comunicado que acogió “con satisfacción” el acuerdo suscrito por el gobierno de Maduro y un sector de la oposición en octubre, cuando se reanudaron en Barbados los diálogos que habían permanecido suspendidos desde noviembre de 2022 y donde acordaron trabajar en un plan que brinde garantías para las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024.
Las sanciones datan de 2017 y recaen sobre 54 personas, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El bloque europeo consideró el acuerdo como un “paso positivo y necesario” de cara a los próximos comicios. El 14 de mayo del año próximo volverá a evaluar la posibilidad de mantener o levantar las sanciones.
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Las sanciones incluyen la prohibición de viajar y el congelamiento de bienes de los funcionarios en territorio de la UE. Además, mantiene un embargo de armas y prohíbe el envío de municiones y demás instrumentos que pudieran usarse para acciones represivas.
El acuerdo de Barbados se concretó días antes de que un sector de la oposición llevara a cabo primarias para elegir a su candidato para las elecciones presidenciales.
La realización de esas primarias — en que la exlegisladora María Corina Machado ganó por amplio margen — supuso una muestra de la disposición del oficialismo de honrar los acuerdos.
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Sin embargo, un día después de las primarias, la fiscalía general, controlada por el gobierno de Maduro, anunció una investigación a los organizadores del proceso por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
El Tribunal Supremo, bajo control del oficialismo, suspendió posteriormente todo el proceso electoral primario de la oposición, incluido su resultado, y ratificó las prohibiciones impuestas por el gobierno de Maduro a tres candidatos, incluida Machado, para postularse a cargos públicos.
Las últimas acciones del gobierno parecen ser un intento de echar por tierra el ambiente triunfal de la oposición, la cual logró movilizar a 2.3 millones de venezolanos a las urnas, según datos de de sus organizadores. Los aliados de Maduro sostienen que las cifras fueron infladas.
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