Bruselas.— A una semana de que el gobierno de Ecuador permitiera la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por parte de la Policía Metropolitana de Londres, el Parlamento Europeo aprobó una normativa dirigida a proteger a los delatores.
La nueva ley está dirigida a las personas que revelen información obtenida en el entorno laboral sobre actividades ilegales, dañinas o violatorias en todas las áreas, desde contratación pública y servicios financieros, hasta seguridad nuclear, salud pública y protección de datos. La intención es crear canales seguros y confidenciales para presentar una denuncia, al interior de la institución involucrada o ante autoridades nacionales o instituciones competentes de la UE.
En caso de que los “lanzadores de alerta” consideren que puede causar un daño inminente a las personas interesadas o existe el riesgo de represalias, podrá hacerlo también públicamente. La normativa pretende evitar que los informantes sean objeto de venganzas por parte de los empleadores, prohibiendo explícitamente que puedan ser suspendidos, degradados o intimidados. Los facilitadores, los colegas o parientes que cooperen igualmente quedarán amparados, al tiempo que tendrán asesoramiento legal.
“Este texto es un verdadero paso adelante para la protección de los denunciantes y la democracia europea”, destacó la ponente de la resolución, la eurodiputada socialista Virginie Roziere.
La nueva ley necesita el respaldo de los gobiernos de los países de la UE. Después, los Estados miembros tendrán dos años para aplicar la normativa. “Confío en que se implemente lo antes posible”, señaló Roziere, tras precisar que esta ley no se aplicaría a Julian Assange, porque no es retroactiva y su caso está relacionado a una divulgación masiva en una plataforma online. Aunque en el espíritu de la normativa, Assange debería estar bajo protección de la misma, apuntó.
Ser un delator en Europa implica riesgos. Actualmente sólo 10 países comunitarios (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) ofrecen un marco de protección legal a quienes se atreven a revelar abusos. Aquellos que lo hacen corren el riesgo de perder su empleo, sufrir inestabilidad familiar o perder años en juzgados.
Para que más ciudadanos superen el miedo de convertirse en denunciantes se requieren medidas de protección. El Eurobarómetro sobre corrupción de 2017 reveló que 85% de los europeos muy rara vez informa sobre amenazas en detrimento del interés público por temor.