Ucrania pide una enérgica reacción internacional al advertir que el incumplimiento por Mongolia de la orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Vladímir Putin por su papel en el secuestro de miles de niños ucranianos puede sentar un peligroso precedente y se alinea con el esfuerzo de Rusia por socavar el sistema de justicia internacional.
"Esto es un serio golpe para la reputación de la Corte Penal Internacional y de todo el sistema de derecho internacional", dijo a EFE Oleksandr Merezhko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano y diputado por el partido gubernamental Servidor del Pueblo.
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Según Merezhko es crucial no permitir que la "provocación" de Putin siente un precedente, es decir, que es preciso evitar que otros países desobedezcan también las ordenes de la CPI, a través de condenas al comportamiento de Mongolia por parte de la comunidad internacional.
Consecuencias para Mongolia
"Mongolia ha permitido a un criminal imputado escapar a la justicia, compartiendo de esta forma parte de responsabilidad en sus crímenes de guerra", señaló el Ministerio ucraniano de Asuntos Exteriores.
"Trabajaremos con nuestros socios para garantizar que esto tenga consecuencias para Ulán Bator", indicó el portavoz Gueorguí Tiji sin proporcionar más detalles.
Para Merezhko, "nombrar y avergonzar" a Mongolia debería ser uno de los primeros pasos que deben emprenderse.
Que no se haya detenido a Putin es todavía más significativo teniendo en cuenta que en estos momentos entre los 18 magistrados de la Corte se sienta un mongol.
Ucrania ha ratificado recientemente el Estatuto de Roma por lo que puede también abrir diligencias contra Ulán Bator como parte de los mecanismos de la Corte.
Además, Merezhko propone que Ucrania coopere con sus socios para iniciar "sanciones" contra Mongolia, en la forma de una reducción de apoyo económico y político.
Una prueba para la justicia internacional
Al mismo tiempo, señaló el diputado, la visita de Putin a Mongolia es una decisión consciente para explotar la vulnerabilidad del país centroasiático.
Encajonado entre China y Rusia y con menos de 3,5 millones de habitantes, depende fuertemente del petróleo y de otros recursos procedentes de Rusia.
Por ello, aunque la reacción internacional debería dejar patente que Mongolia ha cometido un error, no debe empujarla todavía más hacia los brazos de sus gigantes vecinos, advirtió Merezhko.
Por otro lado, conviene a todos los países que se castigue el incumplimiento de una orden del CPI, enfatizó, ya que es algo que daña al sistema de justicia internacional en su conjunto.
La visita de Putin a Mongolia somete a examen a dicho sistema y pone de relieve la fragilidad de los mecanismos globales, sostiene por su parte Giundúz Mamédov, antiguo vicefiscal general de Ucrania y experto de la organización de derechos humanos 'Ukraine 5AM Coalition'.
Los esfuerzos por construir una institución independiente capaz de castigar los crímenes internacionales más serios se hallan todavía en una fase temprana, escribió en un artículo para 'ZN.ua'.
"Cuando Mongolia invita a un sospechoso a una celebración y México a una inauguración, esto destruye todos los esfuerzos por construir una institución fuerte", subrayó.
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Según Mamédov, urge introducir instrumentos legales realmente efectivos para castigar el incumplimiento del Estatuto de Roma, ya que, ahora mismo, Mongolia no se enfrenta prácticamente a ninguna consecuencia legal.
"Si no se castiga a un criminal por sus numerosos crímenes, qué y quién tendrá que disuadir a otros potenciales locos militarizados de usar la violencia?" se preguntó por su parte Podoliak.
Niños deportados
La orden de la CPI ordena la detención de Putin por su papel en la deportación sistemática de niños ucranianos a Rusia.
Casi 20 mil casos han sido confirmados hasta ahora, aunque la cifra real podría ser mucho más alta, según defensores ucranianos de los derechos humanos.
Solo 388 niños han sido retornados a sus familias en Ucrania desde el inicio de la invasión hace 2,5 años.
Las autoridades rusas han impedido de forma activa la creación de un mecanismo único para su devolución y han obstaculizado los intentos de familias individuales y ONGs por localizar y recuperar a los niños.
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