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Washington.— El presidente Donald Trump vetó ayer una resolución que pretendía impedir que utilizara sus facultades de declaración de emergencia para cancelar proyectos militares a fin de financiar la construcción de un muro en la frontera con México.
Trump invalidó una medida similar en marzo pasado. En su mensaje de veto, indicó que la situación en la frontera sur del país sigue siendo una emergencia nacional y que “nuestras fuerzas armadas aún son necesarias para ayudar a confrontarla”.
Es poco probable que el Congreso cuente con los votos suficientes para anular el veto. En total, 127 proyectos de construcción militar, por un total de 3 mil 600 millones de dólares, perderán sus recursos. Los demócratas alegan que Trump pisoteó la autoridad del Congreso en materia presupuestal y eligió el muro por encima de las necesidades del ejército. El presidente dijo que la resolución habría obstaculizado la capacidad del gobierno para combatir el tráfico de drogas y de personas.
En tanto, migrantes dudan si renunciar a ayudas sociales que podrían hacerlos inelegibles a la residencia permanente o la ciudadanía, pese a que tres jueces —de Celifornia, Nueva York y Washing-
ton— bloquearon la pasada semana una medida sobre “carga pública” que entraba en vigor ayer.
“Debería sentirme alegre, pero esto es como una tortura que se alarga y que no se sabe cuándo va a terminar”, dijo a EFE una residente de Los Ángeles que se identificó como María y que recibe ayuda pública para su hija indocumentada de 12 años.
Ambas llegaron a Los Ángeles desde Guatemala en 2011 de forma irregular, buscando ayuda para la pequeña que sufre de epilepsia. La niña ha recibido tratamiento y actualmente está cubierta por un seguro médico con fondos estatales y federales para personas de bajos ingresos (MediCal), que en California protege a niños indocumentados.
“Mi niña necesita el tratamiento y mi salario no me alcanza para cubrir las medicinas y las citas médicas, ni comprar un seguro privado”, narra María, quien trabaja en una compañía de limpieza. Su esposo, un mexicano con residencia permanente, quiere legalizarlas pero posiblemente la regla de “carga pública” las haría inelegibles. La implantación de la regla hubiera afectado a cerca de 1.2 millones de solicitantes anuales de la residencia permanente.
