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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy un memorándum para excluir a los indocumentados de la distribución electoral tras el censo 2020.
Los resultados del censo se usan para determinar la distribución de escaños por estado en la Cámara de Representantes, y eso, a su vez, influye en la cantidad de recursos que se asignan a cada estado.
Sin embargo, en el memorándum que firmó Trump señala que “para el propósito de la distribución de los Representantes tras el censo 2020, la política de Estados Unidos es excluir de la base de la distribución a los extranjeros que no tienen un estatus migratorio legal bajo el Acta de Inmigración y Nacionalidad”, bajo el argumento de que ello va más en consonancia con los “principios de la democracia representativa”.
"A fines de la nueva distribución de Representantes después del censo 2020, es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal", reza el memorándum firmado por el mandatario y difundido por la Casa Blanca.
"He determinado, para el respeto de la ley y de la protección de la integridad del proceso democrático, la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de reparto", indicó el mandatario en una misiva enviada al secretario de Comercio, que está encargado del censo realizado este año en Estados Unidos.
Sus críticos ven en la medida un esfuerzo para reducir la ayuda a los estados que tienen grandes poblaciones de migrantes indocumentados y de reducir la influencia política en esas zonas, representadas en gran medida por demócratas.
Sin embargo, los efectos de la decisión de Trump son inciertos, dado que la Suprema Corte impidió a la administración incluir una pregunta sobre el estatus ciudadano en el censo, así que existen dudas de cómo sabría quiénes son indocumentados.
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Al mismo tiempo, se prevén demandas en contra de que se aplique esta nueva medida de Trump, principalmente por parte de los demócratas, que ya habían calificado como inconstitucional la pregunta sobre la ciudadanía.
El gobierno de Trump intentó incluir en esta edición del censo una pregunta sobre la nacionalidad, pero este intento fue bloqueado por la Corte Suprema.
Las estadísticas de población determinan en Estados Unidos la repartición del presupuesto pero también son vitales para asignar los escaños en la Cámara de Representantes.
"La inclusión de estos extranjeros ilegales en la población de un estado con el propósito del reparto (de escaños) podría implicar la atribución de tres o más banquillos del Congreso que de otro modo serían asignados de forma diferente", indicó Trump.
En un comunicado el mandatario defendió que esta acción "refleja un mejor entendimiento de la Constitución y es consistente con los principios de la democracia representativa".
La asociación de defensa de los derechos humanos ACLU denunció esta acción del presidente como "inconstitucional" y prometió desafiarla ante los tribunales.
En Estados Unidos viven más de 10 millones de inmigrantes irregulares, según estimaciones de la consultora Pew.
Con información de EFE
lsm
