Un tribunal en Guatemala absolvió anoche al general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en operativos militares anticomunistas de contrainsurgencia que provocaron la muerte de mil 771 indígenas, de marzo de 1982 a julio de 1983, durante el conflicto bélico que sacudió a ese país de 1960 a 1996.
El Tribunal B de Mayor Riesgo , de la capital guatemalteca , determinó que aunque se confirmó que hubo genocidio en contra del pueblo ixil, etnia maya guatemalteca ubicada en Quiché, en el juicio nunca se demostró la participación directa de Rodríguez en los operativos.
Por su cargo y el rango de teniente coronel en el Ejército de Guatemala y pese a ser autor de un manual de inteligencia militar, Rodríguez tampoco podía impartir órdenes, resolvió el Tribunal.
Los jueces Jaime González y María Castellanos aprobaron la absolución, mientras que la jueza Sara Yoc emitió un voto disidente y alegó que como jefe de una unidad de inteligencia militar y autor del manual habría sido imposible que Rodríguez desconociera “las atrocidades” ejecutadas por las fuerzas armadas sobre los indígenas ixil acusados de ser cómplices de las guerrillas comunistas guatemaltecas.
“Para mí debió ser condenado a 30 años de prisión por cada delito ”, lamentó Yoc, al reafirmar que en 1982 y 1983 hubo intento por erradicar a la población ixil con el asesinato de hombres y mujeres “sin evidencia de pertenecer” a la guerrilla .
El Ministerio Público (Fiscalía General) de Guatemala solicitó al Tribunal condenar a Rodríguez a 50 años de cárcel por genocidio y a 30 por delitos contra los deberes de la humanidad.
La absolución a Rodríguez se registró en momentos en que la impunidad , uno de los más graves problemas políticos arrastrados desde la segunda mitad del siglo XX por la nación centroamericana, está nuevamente en el centro de la controversia por la decisión del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, de bloquear la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Creada en 2006 por un pacto entre el gobierno guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas (ONU), la CICIG empezó a operar en 2007 y logró múltiples avances para combatir la impunidad y la corrupción.
Dictadura castrense.
El caso por el que Rodríguez fue liberado de culpa está ligado a uno de los más dramáticos del conflicto bélico que durante 36 años estremeció a los guatemaltecos por el choque de las fuerzas armadas derechistas pro—Estados Unidos con las guerrillas comunistas pro—Cuba que se sublevaron en 1960 en contra de la dictadura militar que se instaló en 1954 en Guatemala y gobernó hasta 1986.
Recuentos oficiales aseguraron que la guerra, que finalizó en diciembre de 1996 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y los insurgentes, dejó unos 250 mil muertos y desaparecidos.
“La temporalidad de los hechos quedó demostrada”, aseguró el fiscal Érick De León, al argumentar que Rodríguez fue director de inteligencia militar del 23 de marzo de 1982 al 31 de julio de 1983, en el régimen dictatorial del general guatemalteco Efraín Ríos Montt, fallecido por causas naturales el pasado primero de abril.
Pero el juez González argumentó que Rodríguez, ahora de 73 años, “no podía impartir órdenes” por su puesto y su grado castrense.
Ríos Montt tomó el poder el 23 de marzo de 1982 en Guatemala por la vía del golpe de Estado y, como presidente de facto, desplegó una intensa e indiscriminada represión militar, pero cayó derrocado el 8 de agosto de 1983 por otra asonada castrense. Rodríguez dejó de ser jerarca de inteligencia militar el 31 de julio de ese año.
De acuerdo con la Fiscalía, Ríos Montt justificó su ataque al pueblo ixil porque acusó a los indígenas de colaborar con las guerrillas comunistas.
Por este mismo caso en un juicio en 2013, a Rodríguez se le absolvió porque nunca se demostró su responsabilidad en la cadena de mando y a Ríos Montt se le condenó a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, pero el veredicto fue anulado diez días después por la Corte de Constitucionalidad y el proceso debió repetirse.
Al final del nuevo juicio y antes de que el Tribunal dictara sentencia, el general retirado pidió ayer a los jueces que “me den mi libertad”.
“No existe una sola prueba donde ordené ir a matar. Los planes de campaña del Ejército eran para apoyar a la población”, adujo, en referencia a los enfrentamientos de las tropas con los rebeldes comunistas “Era un teniente coronel y no me podía ir a meterme a los cuartes a decirle a mis superiores, coroneles y generales, que hicieran esto o aquello”, insistió.
“No tengo perfil de asesino. Me duelen estos siete años que (he) estado en este proceso. En los elevadores (de los tribunales guatemaltecos) me han gritado asesino y genocida”, narró.
lsm