Un primer ministro saliente que declara el estado de sitio, el presidente del Senado designado por ocho de sus pares para actuar como jefe de gobierno interino. El asesinato del presidente de , Jovenel Moïse , el miércoles, exacerbó la crisis institucional en la que este país caribeño estaba sumido.

El Poder Ejecutivo haitiano, brutalmente debilitado por el asesinato del jefe de Estado, ha puesto a prueba a los otros dos, el legislativo y el judicial.

Jovenel Moïse no organizó nuevas elecciones parlamentarias desde que llegó al poder en 2017 y los mandatos de los parlamentarios haitianos expriraron sin que se haya designado sucesores.

Por lo tanto, Haití solo tiene, desde enero de 2020 y el final del mandato de los diputados y la mayoría de los senadores, 10 representantes nacionales electos, es decir, un tercio del Senado.

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El Poder Judicial no está mucho mejor: el gobierno de Moïse no propuso reemplazos para los miembros del Consejo Superior de la Judicatura cuyo mandato de tres años estaba llegando a su fin, por lo cual el organismo ha sido casi desmantelado y sin presidente, fallecido por Covid-19 en junio.

"En cuanto a la Constitución, no hay posibilidad de encontrar una solución (a la actual crisis política) porque Jovenel Moïse y su equipo se habían encargado de desmantelar todas las instituciones. Si observamos el Parlamento o el Poder Judicial, no hay nada", resume Marie Rosy Auguste Ducena, abogada de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

Pocas horas después del asesinato, Claude Joseph, primer ministro desde abril, declaró que seguía a cargo del gobierno, y decretó el estado de sitio por 15 días, una disposición que refuerza los poderes del Ejecutivo.

"La Constitución es clara. Debo organizar elecciones y entregar el poder a alguien más que haya sido electo", dijo también en una entrevista transmitida el sábado por el canal de televisión estadounidense CNN .

En Haití, la Constitución prevé que el primer ministro actúe como presidente interino si el jefe de Estado no puede ocupar su cargo, pero Jovenel Moise había designado dos días antes de su muerte a un nuevo jefe de gobierno, Ariel Henry.

Este nombramiento, publicado el lunes en el Diario Oficial, ha llevado a algunos observadores a cuestionar la legitimidad de Claude Joseph.

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En este contexto, ocho de los diez senadores aún en funciones firmaron la noche del viernes una resolución ofreciendo al presidente del Senado, Joseph Lambert, el cargo de presidente provisional de la República.

"No podemos negar que los 10 senadores son los únicos legisladores que quedan, pero es obvio que no son representativos de la población", criticó la activista de políticas públicas Emmanuela Douyon.

Joseph Lambert, un político experimentado, "siempre ha sido criticado", señaló Marie Rosy Auguste Ducena.

El gobierno haitiano en funciones pidió a Estados Unidos y la ONU que envíen tropas a Haití para ayudar a asegurar sitios estratégicos, como puertos y aeropuertos, y que no sean saboteados tras el asesinato de Jovenel Moïse.

Ese llamado recuerda a los años de ocupación estadounidense, entre 1915 y 1934, que se concretó luego el asesinato del entonces presidente Vilbrun Guillaume.

"Tuvimos la Minustah (la misión de la ONU, de 2004 a 2017) durante todos estos años y luego de su partida mire lo que estamos atravesando: una gangsterización casi total del territorio nacional", deplora Emmanuela Douyon.

El dominio de las pandillas se ha acrecentado desde principios de año.

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Desde junio, los enfrentamientos entre bandas armadas en el oeste de la capital, Puerto Príncipe, han obligado a miles de residentes de barrios pobres a abandonar sus casas.

Un funcionario del gobierno estadounidense dijo a la AFP el sábado que Washington no brindaría asistencia militar a Haití en este momento, pero que miembros de la policía federal y del Departamento de Seguridad Nacional serían enviados al país lo antes posible para "evaluar la situación".

Al frente del país desde el miércoles, Claude Joseph recibió el apoyo de Helen La Lime, la enviada de la ONU a Haití, pero no así de la sociedad civil haitiana.

"No es un representante de Naciones Unidas el que debe decir 'Aquí está quien manda'. Eso recuerda la época colonial y nadie quiere revivir eso", subraya Douyon.

"Después de Black Lives Matter, después de todos estos movimientos para exigir la reparación de la esclavitud, no es momento de que las fuerzas extranjeras demuestren que están tratando de imponer soluciones a los haitianos", dijo la activista.

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