Bogotá.— La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó anoche la captura de los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que anunciaron su regreso a las armas, tras acusar al gobierno de no garantizar sus derechos políticos luego de la firma del histórico acuerdo de paz en 2016.
La Sala de Reconocimiento del alto tribunal revocó “el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y las libertades condicionales” a alias Iván Márquez y Jesús Santrich, al igual que a Henry Castellanos Garzón, alias El Paisa; José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever. Además, el presidente Iván Duque ofreció una recompensa de casi un millón de dólares por información que lleve a la captura de los rebeldes.
La decisión también incrementó las tensiones entre Colombia y Venezuela, puesto que el gobierno de Duque acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de brindar protección a los rebeldes. “Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro,” señaló Duque desde Bogotá. El considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, respondió que Venezuela no tiene “nada” que ver con lo que sucede en suelo colombiano.
Desde Washington, Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, mostró su preocupación por la posible presencia de Márquez y otros rebeldes en Venezuela, y dijo que su rearme pone en jaque la seguridad de la región.
El exlíder guerrillero estaba acompañado en el video por Seuxis Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, un exlíder de las FARC que estuvo en los diálogos de paz y abandonó el proceso después de que Estados Unidos solicitara su arresto por acusaciones de narcotráfico.
Márquez también se dirigió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero que no ha hecho la paz con el gobierno de Colombia y se declaró dispuesto a concretar una alianza con esa guerrilla. Hasta ahora, las disidencias de las FARC estaban conformadas por unos mil 800 miembros.
Rodrigo Londoño, Timochenko, quien fue el máximo comandante militar de las FARC y ahora dirige su partido político, se distanció de sus antiguos compañeros. “Es una equivocación delirante”, afirmó.
El alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, dijo a la radio RCN que percibía el anuncio como “una noticia triste para aquellos que genuinamente quieren seguir en la implementación de los acuerdos de paz”. La ONU instó al gobierno colombiano y a las FARC a “redoblar” esfuerzos para cumplir el pacto, que incluye la puesta en marcha de proyectos productivos para excombatientes y garantías para su participación en política, entre otros temas.
El expresidente Juan Manuel Santos llamó al gobierno de Duque a buscar un acuerdo con las fuerzas políticas para “acelerar y reforzar la implementación del acuerdo final (...) Si todos unimos esfuerzos alrededor de la implementación no dejaremos espacios en los territorios a estos desertores”.
El exmandatario de Uruguay, José Mujica, dijo que la vuelta a las armas de varios líderes disidentes de las FARC es “un nuevo fracaso para la historia de Colombia”.
Uno de los puntos más controversiales del acuerdo ha sido la implementación de la JEP, que ofrece sentencias reducidas para excombatientes que cuenten la verdad sobre crímenes de guerra y tomen pasos para reparar a las víctimas. La mayoría de los exrebeldes que colaboran con la JEP no tendrán que pasar tiempo en la cárcel. Duque ha buscado limitar las acciones de este tribunal durante su mandato argumentando que facilita la impunidad, pero políticos han argumentado que la JEP debe seguir.