San José.— Más allá de la narcoactividad, el crimen organizado dispone en América Latina y el Caribe de un menú de actividades de alta, media y baja complejidad, estructura y gravedad en ámbitos locales, nacionales y transnacionales para diversificar sus operaciones en un escenario global con tres negocios ilícitos como principales generadores de dineros sucios: tráfico de armas de fuego, de seres humanos y de drogas.
Aparte de transar con armamentos, personas y estupefacientes bajo el manto de la clandestinidad, la delincuencia organizada penetró a la minería ilegal en una mayoría de países del área y la convirtió en una de las tareas más lucrativas en la extracción de minerales y metales para abastecer diferentes mercados.
Aunque la migración irregular del sur al norte de América o desde y hacia América Latina y el Caribe como trata de personas se afianzó como pujante negocio de alta complejidad, organización y gravedad y ámbito nacional y transnacional, entre sus giros paralelos o mezclados están la que se hace con fines de pornografía, de explotación sexual comercial y esclavitud laboral, de tráfico de órganos, de adopciones ilegales y de matrimonios forzados y fraudulentos.
Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mostraron que, en Centroamérica y con impacto local o nacional, hay modalidades de baja complejidad, organización y gravedad: robo de bienes culturales, agua potable, energía eléctrica, luminarias, cables de telecomunicaciones y electricidad, alcantarillas o manjoles, teléfonos celulares, repuestos, accesorios y partes de vehículos, combustibles y lubricantes, ganado, animales protegidos y maderas preciosas.
En las de media complejidad, organización y gravedad con efecto local, nacional y transnacional están el contrabando de mercancías —ropa, alimentos, medicinas, licores, electrodomésticos, joyas, artículos básicos (jabones, por ejemplo), cigarrillos o cosméticos—, los fraudes o estafas con tarjetas de crédito y la violación a los derechos de autor, como la piratería de libros o marcas de ropa, entre otros.
Sombra de Sinaloa
Tras posicionarse en América Latina y el Caribe en el siglo 21 como la más poderosa organización criminal mexicana y afinar los trillos del contrabando aéreo, marítimo y terrestre de drogas, el Cártel de Sinaloa halló en la década de 2020 una ruta para diversificarse con un lucrativo negocio: el tráfico ilícito de migrantes del sur al norte de América con una red que opera de Colombia a Centroamérica, México y Estados Unidos.
Aunque está pendiente de determinarse si la mafia sinaloense y sus subsidiarias, dentro y fuera de México, se involucraron antes de 2020 en coyotaje o tráfico ilegal de seres humanos como una variante de la trata de personas, la realidad es que el Cártel de Sinaloa desplazó a organizaciones mexicanas que, en el decenio de 2010, operaron esos procesos migratorios.
Al reclutar a potenciales migrantes que, sin visas, confirmaron que pretenden viajar por tierra hacia México y Estados Unidos, los coyotes o traficantes de personas en Honduras, Guatemala y El Salvador actuaron como mano de obra al servicio de la organización sinaloense.
En este escenario, el Cártel de Sinaloa entró en contacto con las maras o pandillas Salvatrucha y 18, que operan en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y Europa, para el movimiento de seres humanos. Uno de los puntos clave es la movilización de sus clientes del sur de México al suroeste de EU.
La (no estatal) Asociación para la Eliminación de la Explotación Sexual, Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala (ECPAT, por sus siglas en inglés) identificó tres etapas por las que transitan las víctimas—captación, traslado y explotación y esclavitud—preliminares que conducen a la legitimación o blanqueo del dinero de las ganancias. Un informe suministrado en septiembre de 2021 a EL UNIVERSAL por fuentes migratorias, policiales y antidroga de Centroamérica reveló que, como lugarteniente y emisario del Cártel de Sinaloa, un mexicano asumió el control de una parte del constante tráfico de migrantes irregulares de Haití, Cuba, Venezuela, África y Asia a México y Estados Unidos.
El mexicano, identificado por fuentes del gobierno de Costa Rica de ese entones con las iniciales J.H.C.A., instaló una red que captó gran cantidad de dinero, porque cobra 22 mil dólares por persona por el traslado de Colombia y Centroamérica a los pasos terrestres fronterizos mexicanos del sur y del norte rumbo a suelo estadounidense.
El negocio tiene ganancias aseguradas, con enlaces entre militares y policías corruptos que se enlazan a las cadenas de trata de individuos procedentes de tres continentes: América, Asia y África.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFCR por sus siglas en inglés) anticipó a finales de julio pasado que luego de que en 2021 se llegó a una cifra histórica de más de 133 mil migrantes irregulares que pasaron por Panamá, ya aumentó 85% en 2022 frente al año anterior.
De acuerdo con los cálculos de la Federación, los números de migrantes irregulares en 2022 (americanos, asiáticos y africanos) podrían llegar a 210 mil personas en viaje por Centroamérica y México a EU.
La inserción del Cártel de Sinaloa en el traslado de migrantes irregulares se registró con un masivo flujo de viajeros sin visas por ocho fronteras terrestres de la región: Colombia/Panamá, Panamá/Costa Rica, Costa Rica/Nicaragua, Nicaragua/Honduras, Honduras/Guatemala, Guatemala/México y México/EU.
El Ministerio de Defensa de Colombia informó en agosto de 2021 a este periódico que el Clan del Golfo y disidentes de la disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son redes colombianas del crimen organizado y, en especial, del narcotráfico global, operan como mafia transnacional de trata de personas del sur al norte de América.
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