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Quito.— Guillermo Lasso asumió las riendas de Ecuador para un periodo de cuatro años en medio de una economía duramente golpeada por la pandemia y con un plan de vacunación anti-Covid que marcha con retrasos. La crisis sanitaria también acrecentó la pobreza en la nación andina.
Ya en el cargo, y fiel a su ofrecimiento, suscribió un decreto estableciendo las Normas de Comportamiento Ético-Gubernamental que, entre otros temas, prohíbe contratar a parientes en el gobierno, colgar la fotografía del presidente o realizar festejos personales en las oficinas públicas y recibir o recolectar donaciones para ministros. Tampoco admite la recepción de regalos que superen los 100 dólares para el presidente.
Además, decretó la eliminación de las listas de riesgo financiero de más de 1.7 millones de personas que quebraron o tenían deudas de hasta mil dólares a consecuencia de la pandemia, lo que les impedía conseguir trabajo o ser acreedores a nuevos créditos.
La disposición no impide a los acreedores cobrar los valores pendientes. También suscribió otro decreto en el que garantiza el absoluto respeto a la libertad de expresión, y derogó una ley orgánica de comunicación de 2014, cuando Rafael Correa era presidente (2007-2017) y fustigaba ataques al periodismo.
Tras ello, el mandatario aseguró que la derogatoria de la ley de comunicación busca “que no quepa la menor duda de que vivimos un gobierno democrático. Este es un gobierno que promueve un Ecuador libre y que cualquier ecuatoriano tendrá el derecho de expresar su opinión de criticar a los poderes constituidos, y que aquí ni le va a pasar absolutamente nada... ¡Termina la era de los caudillos!”.
En su discurso, Lasso dijo que “en esta transmisión del mando no sólo debe ser el presidente quien asume el desafío, debemos ser todos juntos, que la ciudadanía sienta que el poder regresa a sus verdaderos dueños, el pueblo ecuatoriano”.Ofreció luchar sin tregua por las causas de las mujeres, de los indígenas, de los emprendedores, y buscar el comercio con los países del mundo, e invitó a las organizaciones civiles a retornar a Ecuador tras la expulsión con Correa.
