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Bruselas/Londres.— El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que representa a los 27 Estados del bloque, exhortó al gobierno británico a aplicar íntegramente el acuerdo de retirada (Brexit) firmado por Londres.
“Es hora de que el gobierno de Reino Unido asuma sus responsabilidades”, dijo Michel ayer después de una conversación telefónica con el primer ministro irlandés, Michael Martin.
La administración británica presentó el miércoles pasado al Parlamento un proyecto de ley que contradice en parte el acuerdo firmado —que enmarca la salida de Reino Unidos de la Unión Europea—, lo cual viola el derecho constitucional, según reconoció el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.
“La credibilidad de la firma del Reino Unido está en juego”, dijo Michel en su cuenta de Twitter.
Pese a ello, Johnson quiere que su proyecto de ley sea examinado desde el lunes en la Cámara de Comunes, donde dispone de una mayoría de 80 escaños.
El premier defendió su plan de anular algunas secciones del Brexit que negoció con la UE y aseguró que es la única forma de mantener unido a su país.
En una columna publicada el sábado en The Daily Telegraph, Johnson dijo que el proyecto de ley de mercado interno de su gobierno es necesario para poner fin a las amenazas de la UE de imponer un “bloqueo alimentario” en el mar de Irlanda que, de acuerdo con Johnson, podría “descuartizar” al país.
“Tengo que decir que nunca creímos seriamente que la UE pudiera utilizar un tratado, negociado de buena fe, para imponer un bloqueo a parte del Reino Unido o que realmente amenazaran con destruir la integridad económica y territorial del Reino Unido”, escribió Johnson.
“Simplemente este no es el caso”, reaccionó ayer ante Sky News la ministra de Justicia irlandesa, Helen McEntee: “Cualquier insinuación, según la cual se crearía una nueva frontera, es absoluta y simplemente falsa”. Agregó que las disposiciones sobre Irlanda del Norte en el tratado sobre la retirada del Reino Unido de la UE fueron acordadas por ambas partes para garantizar una competencia justa después de Brexit, pero también precisamente para evitar el retorno de una frontera física en Irlanda, ensangrentada por tres décadas de violencia hasta el Acuerdo de Paz del Viernes Santo en 1998.
El ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Coveney, también refutó las advertencias británicas, subrayando a la BBC que la actitud del gobierno “atenta contra la reputación del Reino Unido en tanto socio de confianza”. Y afirmó además que se trata “de un engaño, no de la verdad (...) No se propone ningún bloqueo. Es un lenguaje incendiario proveniente del 10 [Downing Street, sede del gobierno de Reino Unido]”.
En una entrevista publicada por el rotativo Le Parisien, el secretario de Estado de Asuntos Europeos francés, Clément Beaune, consideró “inconcebible” que una “gran democracia” como el Reino Unido “revise un texto que negoció y votó, negando la palabra empeñada”.
Dos exprimeros ministros británicos que jugaron papeles clave para llevar la paz a Irlanda del Norte unieron fuerzas para instar a los parlamentarios a rechazar los planes del Johnson, afirmando que pone en peligro la paz y daña la reputación británica.
En un artículo en The Sunday Times, John Major y Tony Blair arremetieron contra el actual gobierno británico por “avergonzar” al país con un proyecto legislativo que contradice partes del Brexit ya firmado.
Major, que es conservador, fue primer ministro entre 1990 y 1997, mientras que Blair, su sucesor laborista durante una década. En su columna afirmaron que la Ley de Mercado Interno de Johnson “pone en duda la misma integridad” de Reino Unido.
“Esta acción es un bochorno para el gobierno y avergüenza a nuestra nación”, añadieron.
David Frost, negociador británico del Brexit, tuiteó largamente el domingo respondiendo a su colega europeo Michel Barnier.
Frost afirmó “que las reglas alimentarias de Gran Bretaña permanecerán exactamente iguales el 1 de enero”, pero que el equipo de Barnier había declarado “explícitamente en esas conversaciones [anteriores] que si no figuramos en la lista, no podremos llevar alimentos a Irlanda del Norte”.
El secretario británico de Justicia dijo a la BBC que la legislación era “una cláusula de romper este cristal en caso de emergencia” por si era necesario y que él renunciaría si creyera que se había roto el Estado de derecho de forma inaceptable: “No creo que vayamos a llegar a ese punto”.
