Los estados brasileños de Sao Paulo, Minas Gerais y Espíritu Santo reforzarán la vigilancia ante el temor de que la intervención militar en el vecino Río de Janeiro provoque una dispersión de bandas o de operaciones del crimen organizado.
Los secretarios de seguridad de esos tres estados del sureste, la zona más rica y poblada de Brasil, expresaron ayer esas preocupaciones en una reunión en Sao Paulo con el ministro de Justicia, Torquato Jardim.
Durante la reunión, acordaron que la Policía Rodoviaria (vial) refuerce la seguridad en las carreteras y que haya una cooperación política, financiera y operacional entre esos tres estados y el gobierno federal.
“No creo que la migración se dé como las personas imaginan, de un criminal saliendo del estado [de Río] con su mochila, pero es posible que haya una migración de las modalidades criminales” como el robo de cargas, dijo el secretario de Seguridad de Espíritu Santo, André Garcia, al diario Folha de Sao Paulo.
“La situación en Sao Paulo es de absoluta tranquilidad. Pero necesitamos conversar con los colegas de los demás estados para integrar mejor en este momento nuestros servicios de inteligencia para que ese cuadro se mantenga”, dijo el secretario de Seguridad paulista, Mágino Alves.
Para Jardim, “no hay migración. Ni en la Copa del Mundo, ni en las Olimpíadas hubo registros de migración de los grupos [criminales] de Río para esos estados. Lo que afecta es el flujo de circulación de las drogas y las armas. Eso es lo que vamos a seguir ahogando”, afirmó al concluir esa reunión.
Desde Brasilia, el ministro de Defensa, Raul Jungmann, manifestó, no obstante, que la migración del crimen es “plausible”.
El presidente Michel Temer decretó el viernes pasado la intervención de Río, para enfrentar la escalada de violencia en el segundo estado más rico y el tercero más poblado del país.
ONG, fiscales y jueces han criticado la medida, advirtiendo del riesgo de violaciones a los derechos humanos en las empobrecidas favelas.
