El expresidente argentino Alberto Fernández fue denunciado el martes por su expareja Fabiola Yáñez por violencia machista; el jueves se difundieron imágenes y chats que la muestran golpeada y que forma parte de las pruebas en contra del exmandatario.
Las imágenes salen de mensajes que tuvo la exprimera dama con María Cantero, exsecretaria de Fernández. En el marco de una investigación que lleva el juez federal Julián Ercolini, la Justicia halló en el teléfono móvil de Cantero fotografías de Yáñez con signos de violencia en su cuerpo, y chats de texto y de audio en los que la entonces primera dama argentina acusa a Fernández por esos supuestos golpes recibidos en la residencia presidencial de Olivos (provincia de Buenos Aires).
Según una nota publicada días atrás por el diario Clarín, los mensajes y las fotos datan de distintos momentos, incluso de cuando Yáñez estaba embarazada de su hijo Francisco, que nació el 11 de abril de 2022.
Según Clarín, el juez Ercolini abrió en junio pasado un legajo reservado en el expediente, que decidió compartir con la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia argentina, la cual pidió citar a la exprimera dama, quien vive en Madrid (España) con su hijo.
Según Juan Pablo Fioribello, el abogado de Yáñez, en los mensajes a Cantero, "Fabiola le hace manifestaciones en su momento de que había tenido una fuente de discusión con el ex presidente. Y bueno en un momento de desahogo se comunica con ella, que la verdad no era amiga, pero la llamó a ella y le explicó que había estado discutiendo y que estaba cansada de discutir. Una crisis de pareja como puede haber en cualquier pareja del mundo, lo que pasa que al tomar relevancia de quiénes son los interlocutores obviamente esto hace ruido", reportó el medio La Política Online.
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De acuerdo con el periódico Clarín, Ercolini informó a Yáñez de las pruebas que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en contexto de violencia de género, pero ella le respondió en julio pasado que no tenía intenciones de viajar a Argentina a hacer la denuncia.
Sin embargo, según indican fuentes judiciales, Yáñez comunicó el martes a Ercolini que sí impulsará la denuncia, tras lo cual el juez ordenó de inmediato medidas de "restricción" y "protección" en su favor.
Yáñez, de 43 años, actriz y periodista de profesión, conoció a Fernández, de 65 años, en 2013, cuando le hizo una entrevista, y un año más tarde comenzaron su noviazgo.
De acuerdo con La Nación, Pablo Galindez, medio hermano de Fernández se instaló a vivir con él, preocupado por su situación tras la denuncia.
Fernández ha negado las acusación en su contra. A La Nación le dijo que “es todo falso” y que lo demostrará “ante la Justicia”. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales se expresó en el mismo sentido y reafirmó que aportará en los tribunales “las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”. También, dijo que no planea hacer declaraciones públicas para no exponer a su familia, incluida “la propia Fabiola”.
Tras la denuncia, Fernández se convirtió en el primer expresidente argentino acusado de violencia de género. La denuncia tiene como agravante que las presuntas agresiones se cometieron cuando él era jefe de Estado, y en la residencia presidencial.
Presentada la demanda, el actual gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ordenó reemplazar y reforzar la custodia policial que tiene Yáñez, quien desde que Fernández terminó su periodo presidencial, reside en Madrid, tras separarse de él. De ser declarado culpable podría ser condenado a entre seis meses y dos años de prisión, por violencia de género.
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El contenido del teléfono celular de la exsecretaria Cantero, desde 2019 hasta este año, se extrajo en el marco de una investigación por presunta corrupción en torno a la contratación de seguros por organismos públicos durante el gobierno de Fernández.
El escándalo de los seguros del Estado, que involucra a Alberto Fernández, exfuncionarios y a varios productores, tiene una figura que se destaca no sólo por su vínculo de años con el expresidente sino porque se ubica en un lugar preferencial entre los brokers que prestaban servicio a organismos del Estado. Se trata de Héctor Martínez Sosa, esposo de quien fue la histórica secretaria de Fernández, Cantero.
Según documentación que consta en la causa judicial que está a cargo del juez Julián Ercolini, y a la cual accedió el medio La Nación, Martínez Sosa fue el segundo más importante cuando se revisa el listado de comisiones pagadas por Nación Seguros entre 2020 y 2024. Sólo es superado por Bachellier, un broker de seguro con muy poco recorrido en el ramo pero que entre 2021. En el mercado, se conoce que ambos responden al productor que está casado con la exsecretaria de Fernández.
Fernández junto al extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano ya fueron imputados por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que los acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El fiscal investiga las presuntas irregularidades en torno al decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021 por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos utilizaron de intermediario a su amigo, Martínez Sosa, quien, además, figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas.
El escándalo implica un fraude de 20 mil millones de pesos (20 millones de dólares) sólo en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), donde fue destapado por el extitular Osvaldo Giordano -que nombró el presidente Javier Milei y luego echó por razones políticas- y publicado en su momento por el periodista Ricardo Roa en Clarín.
Roa describe que los intermediarios “por hacer nada” cobraban el 17,5 % de comisión, en tanto Nación Seguros se queda con el 25 % del negocio porque metieron “empresas privadas a las que les dan el 75 % del negocio”, como Sancor, Life Orígenes, San Cristóbal y San Germano.
El editor General de Clarín contó además que Fernández, tras ser jefe del Instituto de Reaseguros en la década del 90, le sucedieron denuncias por presuntos “negociados”, y que protagonizó “un escándalo mayor” como presidente del Grupo Banco Provincia de Buenos Aires, cuando “compró inexplicablemente la empresa de seguros Vanguardia”, cuyo dueño era Martínez Sosa, “que debía una pila de plata”.
Fernández -al regresar de España donde residió con su familia por unos meses tras dejar el cargo el 10 de diciembre pasado- buscó despegarse de la denuncia al indicar al diario La Nación: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”.
Pero Martínez Sosa y otros productores de seguros figuran como visitantes en 2020 -incluso en mayo de ese año, durante la pandemia de Covid-19- en los registros oficiales de las visitas a la residencia presidencial en la localidad de Olivos.
Tras la difusión del caso por Roa, Fernández lo demandará dijo su abogado. Fernández “ante las injurias y calumnias propaladas” por el periodista Ricardo Roa y el diario Clarín, “nos ha instruido a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor”, dijo en su momento el abogado Gregorio Dalbón en su cuenta de X.
“La nota de hoy es difamadora, se basa en datos falsos y resulta temeraria. Además se harán demandas a todos los que directa o indirectamente propalen la noticia y mancillen el honor del expresidente. Mentir tiene consecuencias”, agregó el abogado de Fernández.
*Con información de agencias y La Nación. GDA