Kabul. El Gobierno de facto de los talibanes llevó a cabo este miércoles la ejecución de un preso condenado por homicidio en un estadio deportivo en el sureste de Afganistán, la sexta aplicación de la ley del “ojo por ojo” desde que los fundamentalistas llegaron al poder.
“En el estadio deportivo de la provincia de Paktia, un asesino fue condenado a castigo de Qisas (un término que responde al principio del “ojo por ojo”) por haber matado a una persona con una pistola", informó en un comunicado el Tribunal Supremo del país.
La ejecución se llevó a cabo después de que el caso se tramitara en tres tribunales (local, provincial y nacional) del Gobierno talibán y fuera aprobado por el líder supremo tras sus investigaciones por separado, según la declaración.
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“El caso fue examinado de manera muy precisa y repetidamente por el triple tribunal militar del Emirato Islámico (primario, de apelación y Tamiz) de diferentes maneras. Como resultado, la orden de represalia (Qisas) fue emitida y aprobada", agregó el escrito.
Según el comunicado, la familia de la víctima tuvo opción de elegir entre perdón y la reconciliación. Pero tras rechazar estas posibilidades, se ordenó aplicar la ejecución al asesino.
A la ejecución pública acudieron altos cargos talibanes, entre ellos el actual ministro del Interior, Siraj Uddin Haqqani, funcionarios del Tribunal Supremo, provinciales locales y residentes de la provincia de Paktia.
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Se trata de la sexta ejecución desde el regreso de los talibanes el 15 de agosto de 2021. De las cinco anteriores, dos se han llevado a cabo en Ghazni y una en cada una de las provincias de Laghman, Farah y Jawzjan.
En otro comunicado, el Tribunal Supremo talibán afirmó que se han emitido y ejecutado diferentes castigos para más de 450 individuos por acusaciones como relaciones ilícitas, adulterio y robo en todo el país.
Las comunidades internacionales y las organizaciones de derechos humanos han reaccionado y criticado reiteradamente estos castigos en Afganistán.
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“Hoy se ha llevado a cabo una ejecución pública en la provincia de Paktia. Las ejecuciones llevadas a cabo en público son contrarias a las obligaciones internacionales de Afganistán en materia de derechos humanos, y deben cesar", escribió la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Afganistán (UNAMA) en X.
En el anterior régimen de los talibanes de entre 1996 y 2001, las ejecuciones públicas eran una práctica habitual en Afganistán como un modo de concienciar a la población sobre el alto precio a pagar si cometían un crimen.
ss/mcc