Managua.— La fiscalía de Nicaragua acusó ayer por el delito de terrorismo a seis jóvenes que permanecieron atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), en medio de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, al tiempo que una ONG denunció que la represión de las manifestaciones en el país ha mutado en una “aniquilación y cacería”.
La fiscalía acusó a Elsa Valle, Irma Centeno, Yuri Rivera, Endric Gaitán, Germán Martínez y Erwin Ramos, que se identificaron como estudiantes de esa alma máter.
Los acusa también por los delitos de uso ilegal de armas de fuego, robos, tenencia y uso de armas restringidas, y porte de sustancias y artefactos explosivos. Los jóvenes, quienes exigen la renuncia de Ortega, se atrincheraron en la Upoli en medio de ataques de antimotines.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) denunciaron también que sus integrantes están siendo objeto de persecución por parte del régimen, a través de la Policía Nacional, que los está incriminando con cargos de terrorismo.
Refirieron como el mayor ejemplo el caso del líder del Movimiento 19 de Abril en Masaya, Cristhian Fajardo, y de su esposa María Adilia Peralta Cerrato, ambos acusados de ese delito. Suyén Barahona, presidenta del MRS, afirmó que los criminales son el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes llamó “amenaza para este país”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló, en su más reciente informe sobre la crisis que vive el país: “Evolución de la represión gubernamental: aniquilación y cacería de la población, por parte de fuerzas parapoliciales con armamento de alto calibre y con características de fuerzas paramilitares”.
El ente cifró en al menos 302 los muertos y en 2 mil los heridos en los primeros 100 días “de la represión” desde el inicio de las manifestaciones, el 18 de abril. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), casi 450 personas han muerto desde que comenzaron las protestas.
En Estados Unidos, los congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart e Ileana Ros Lehtinen instaron al gobierno a hacer “más” para eliminar el “cáncer del régimen” de Ortega y a aprobar la llamada “Ley Nica”, que elimina los desembolsos internacionales a Nicaragua hasta que haya elecciones “libres”.
OEA se reúne el jueves. Pese al rechazo del régimen nicaragüense, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) discutirá mañana un proyecto de resolución auspiciado por ocho países para crear una “comisión especial” que supervisará la situación de la nación centroamericana.
La sesión extraordinaria fue convocada en Washington a petición de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, los mismos que promovieron una resolución aprobada el 18 de julio pidiendo elecciones anticipadas en Nicaragua.
El mandatario de este país envió el lunes una “enérgica protesta” a la OEA rechazando la anunciada comisión, por considerar que pretende “inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado de Nicaragua”.
De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mayoría de las personas que han huido de la violencia en Nicaragua se refugiaron en Costa Rica, donde al menos 23 mil intentaron obtener asilo desde el inicio de la crisis en abril. “Panamá, México y Estados Unidos registraron también una tendencia al alza”, añadió.