Washington.— El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que no habrá más redadas en lugares de trabajo en busca de indocumentados y que se centrará en los empleadores y en el respeto a las leyes laborales para evitar la “explotación” de los migrantes.
“No toleraremos que los empleadores inescrupulosos que explotan a los trabajadores no autorizados conduzcan actividades ilegales o impongan condiciones de trabajo insalubres o peligrosas”, indicó en un comunicado el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas.
Un memorando de Mayorkas estableció el fin de las redadas masivas en los sitios de trabajo indicando que, durante el gobierno del expresidente Donald Trump, “esas operaciones resultaron en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores”.
Las redadas “se usaron como una herramienta de los empleadores explotadores para suprimir y como represalia contra la afirmación de nuestras leyes laborales por parte de los trabajadores”, indicó el comunicado. “Los empleados que incurran en acciones ilegales serán el foco de nuestros recursos para la aplicación de las leyes”, dijo Mayorkas. “Al adoptar medidas que se enfocan en los empleadores más inescrupulosos, protegeremos a los trabajadores y al mismo tiempo a las empresas estadounidenses legítimas”.
A comienzos de 2020, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) llegó a tener un promedio diario de 40 mil personas detenidas y actualmente tiene más de 21 mil 800 bajo su custodia en diferentes centros de detención en todo el país.
En julio pasado, el Caucus Hispano en el Congreso afirmó en un comunicado que “el vilipendio de las comunidades inmigrantes ha incrementado la vigilancia y los arrestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza [CBP] y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas [ICE], a menudo en colaboración con las policías locales”.
El memorando se une al cambio de prioridades para los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados por parte de ICE que el gobierno anunció el pasado 30 de septiembre, y que entrará en vigor el próximo 29 de noviembre.
De acuerdo con las nuevas normas, la prioridad será la detención y deportación de criminales y de quienes hayan cruzado la frontera recientemente de forma ilegal.