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El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio ayer un espaldarazo a la política migratoria del presidente Donald Trump permitiéndole aplicar en su totalidad la tercera versión del veto migratorio dirigido a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.
Con ello, la administración Trump recibe del Alto Tribunal luz verde temporal para aplicar su prohibición de viaje a los ciudadanos originarios de Chad, Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia.
De acuerdo con la lógica del gobierno de Trump, el impedir la entrada a EU a personas originarias de esos países servirá para proteger al territorio estadounidense y se evitarán acciones terroristas en el país.
La tercera versión del veto migratorio, promulgada a finales de septiembre y que tenía que entrar en vigor a mediados de octubre, fue paralizada por dos tribunales desde Hawaii y Maryland, estados demócratas, que criticaban el tinte islamófobo de la medida, en una estrategia que ya consiguió paralizar las dos versiones anteriores.
De esta tercera versión sólo se aplicaba una versión reducida, la que afectaba a la prohibición de entrada a Estados Unidos de ciudadanos de Corea del Norte y a funcionarios gubernamentales del régimen de Nicolás Maduro, de Venezuela.
Con la decisión de ayer, el Supremo permite a la administración Trump aplicar su veto en toda su expansión hasta que haya resolución y sentencia para las denuncias que todavía están en tribunales estatales. Para esta semana están previstas audiencias de apelación en Virginia y San Francisco.
Dos integrantes del Supremo, las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor —ambas de tendencia liberal— fueron las únicas que disintieron de una orden judicial brevísima y sin explicación concreta.
Tras darse a conocer la resolución, la Casa Blanca se felicitó por la acción del Alto Tribunal, aunque no se mostró “sorprendida” porque siempre confiaron en la legalidad y necesidad del decreto migratorio de Donald Trump.
El permiso de aplicación de la orden ejecutiva que “limita el viaje desde países que presentan un alto riesgo por terrorismo” es para el gobierno estadounidense un paso “esencial” para lograr la protección del país.
“Es una victoria sustancial para la seguridad de la población estadounidense”, aseguró por su parte el fiscal general, Jeff Sessions, en un comunicado, quien recordó que “la Constitución da al presidente la responsabilidad y el poder de proteger el país de las amenazas extranjeras y domésticas, y esta orden es vital para cumplir estos objetivos”.
Menos satisfechos quedaron los grupos defensores de los derechos de los musulmanes en Estados Unidos, que siguen convencidos de la islamofobia que reside en el veto presidencial.
Para Lena Masri, directora nacional de litigación del Centro de Relaciones Musulmanes-Estadounidenses (CAIR), “la decisión ignora las consecuencias humanas muy reales a ciudadanos estadounidenses y sus familias en el exterior impuestas por el veto musulmán 3.0 del presidente Trump”.
“Las acciones de hoy [ayer] del Tribunal Supremo son un buen recordatorio de que nosotros no podemos simplemente confiar en los tribunales para abordar los esfuerzos de la administración Trump de marginar a musulmanes y otras minorías (…) Debemos hacer todo lo posible para oponernos al veto musulmán 3.0”, añadió Gadeir Abbas, el abogado de litigación de CAIR.
Para el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), el fallo “evitará que muchas personas se reúnan con sus familias, reanuden sus estudios o tomen trabajos”
