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Managua.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó ayer el número de fallecidos en Nicaragua durante las protestas que afronta el país hasta 322, y señaló que la mayoría de ellos derivan de la represión estatal.
De acuerdo con un comunicado de la institución, de los más de tres centenares de muertos como resultado de la situación de crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril, 21 corresponden a policías y otras 23 a niños y adolescentes.
“La gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado”, explicó el organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que reclamó “el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas”. Otras fuentes cifran los decesos en hasta 448.
La CIDH también puso el foco sobre la criminalización que ha ejercido el gobierno del presidente Daniel Ortega sobre las manifestaciones y sobre quienes expresaban su desacuerdo con su Ejecutivo en las calles. “La Comisión (...) advierte la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados”, indicó la entidad, que aseguró que las autoridades locales han realizado un uso “generalizado” del delito de terrorismo en este marco.
Por su parte, la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) demandó protección a los menores, luego de que un adolescente de 14 añosdenunció haber sido marcado con las iniciales FSLN (que corresponden al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional) por agentes y la negativa de la policía a recibir su denuncia.
Según la mamá del menor, que no se identificó por temor a represalias, el jueves la policía se negó a aceptar la denuncia porque ella y la víctima llegaron con un abogado, con lo que las autoridades evitaron una investigación oficial.
También ayer un grupo de legisladores de Estados Unidos pidió en una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, que emita sanciones bajo la “ley Magnitsky” —que permite decretar prohibiciones de visado o el bloqueo de activos contra cualquier individuo que viole derechos humanos o incurra en actos de corrupción— contra cuatro nicaragüenses, incluidos dos hijos de Ortega.
